La investigación del Defensor del Pueblo constata un colapso de hasta tres años en los juzgados administrativos de Mallorca

El Defensor del Pueblo se ha visto obligado a intervenir ante los perjuicios que genera el caos generalizado que sufren los tres juzgados administrativos de Mallorca, que arrastran una carga de trabajo tan elevada, que es imposible asumirla con los pocos medios de que disponen. Tal es la gravedad de la situación, que estos juzgados están señalando fechas de juicio para dentro de tres años, a contar a partir de la fecha en la que se presenta la demanda. Una situación que afecta «al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas» por la tardanza en la celebración del juicio, según advierte este órgano independiente del Estado.

Ángel Gabilondo, en dos informes que se refieren a dos de los tres juzgados administrativos de Palma, muestra su grave preocupación por la situación que sufren, que repercute sobre todo en los derechos de los ciudadanos. Esta intervención se ha realizado a petición de dos personas, que acudieron al Defensor del Pueblo para quejarse de que les habían señalado fecha del juicio para dentro de tres años, lo que entendían que afectaba a sus derechos constitucionales.

Proponen reducir el periodo de prueba para dar salida a el caos generalizado que sufren los tres juzgados administrativos de Mallorca

La oficina del Defensor del Pueblo ha investigado cuál es la situación de los juzgados de lo contencioso número 1 y número 2 de Palma. Ha recabado información de los letrados de la Administración de Justicia, de la Secretaria de Estado de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial.

La gravedad de la situación que sufren estos órganos judiciales es conocida desde hace años, porque el problema no se ha producido en los últimos meses, sino que ya hace mucho tiempo que se viene arrastrando un colapso por la enorme carga de trabajo que asumen estos órganos judiciales. La medida que se adoptó es reforzar cada juzgado con otro juez. Los dos magistrados se reparten los casos, pero ni aún así se ha solucionado el problema. El número de demandas que se siguen acumulando en cada juzgado es igual, o incluso superior, a cuando se incorporó este segundo juez.

No hay una única causa

En el informe que firma Gabilondo no se cita una única causa que explique este colapso. Las razones son varias, como por ejemplo que aún se viene arrastrando las consecuencias que supuso la pandemia sanitaria, que en su momento obligó al juzgado a suspender los juicios señalados, que se han tenido que fijar para otras fechas. Además, las oficinas carecen de personal suficiente, ya que las plazas vacantes no se cubren. También tuvo mucha repercusión la reciente huelga de funcionarios. Los letrados de la Administración de Justicia coinciden en que los dos juzgados, si aún siguen funcionando, es gracias al sobreesfuerzo de los funcionarios.

Analizando las cifras del número de demandas que se presentan en los juzgados administrativos de Mallorca se refleja que la carga de trabajo que afrontan en estos momentos es casi imposible de asumir. Y es que los datos no mienten. El Ministerio de Justicia fija un modelo teórico para cada jurisdicción que fija el número de casos que debe resolver cada año. Durante los años 2021 y 2022 estos dos oficinas judiciales de Palma superaron en un 175% más esta cifra media que impone el Ministerio. Es decir, se trabajó tres veces más que otros juzgados. Pero la situación fue empeorando el año pasado, que el número de demandas que se presentaron fue un 221% que la media nacional.

Y es que en estos momentos el número de demandas en trámite y, por tanto, pendientes de resolver, alcanza la cifra de 1.600 casos.

Hace ya meses que el Ministerio de Justicia aprobó la creación de un cuarto juzgado administrativo, que todavía no se ha inaugurado, por falta de espacio y porque todavía no se ha podido formar la plantilla. El Defensor del Pueblo cree que este refuerzo incluso será insuficiente.

Más dinero para nuevos juzgados

Lograr la autorización del Ministerio de Justicia para crear un nuevo juzgado no es una misión sencilla. Para conseguir el objetivo hacen falta muchos requisitos, pero sobre todo desde Madrid se debe aprobar un aumento del presupuesto, ya que un nuevo juzgado dispara los gastos.

El TSJB, en sus últimas memorias, ha venido denunciando la situación de saturación que sufren los tres juzgados administrativos de Palma, por el número tan elevado de demandas que reciben y que no pueden dar salida por falta de medios. La Inspección del Consejo General del Poder Judicial está muy encima del problema que padecen estos juzgados y pudo constatar la grave situación que atraviesan que, sobre todo, repercute en los ciudadanos. Hace varios meses se aprobó la creación de un cuarto juzgado administrativo, pero a fecha de hoy todavía no se ha puesto en funcionamiento. Por lo tanto, aunque se apruebe su creación, si no empieza a trabajar de inmediato, el problema de colapso sigue existiendo. 

Carlos Gómez denuncia las carencias de la justicia en Baleares

Históricamente, la Justicia en Balears ha sufrido graves problemas de espacio. Esta es la razón por la que se está retrasando la inauguración de esta nueva oficina judicial. El Defensor del Pueblo advierte que este cuarto juez debería asumir parte de las demandas que los otros magistrados aún no han podido resolver por la grave situación que padecen. Si no fuera así se produciría una situación desigual entre los ciudadanos. Algunos verían como sus demandas se resolverían de inmediato, al tramitarse en el nuevo juzgados, y los otros tendrían que esperar años a tener sentencia. 

Siete años de espera

Los dos informes que firma Ángel Gabilondo se incide en un caso dramático que se ha detectado al analizar las causas del caos que sufren los juzgados administrativos de Mallorca. Se trata de una demanda que se presentó hace ya tres años, pero que la fecha del juicio se ha señalado para el 2026. A este tiempo, hay que añadirle el período que necesitará el juez para estudiar las pruebas y los documentos, para después dictar sentencia. Es decir, puede transcurrir más de siete años esperando sentencia. 

Esta situación dramática no es nueva. Se han dado casos en los que los demandantes han aguardado, a partir de la fecha del juicio, casi tres años para que se les notifique la sentencia de una demanda. Además, quien ha dictado sentencia ha sido un juez que ni siquiera celebró el juicio. Es decir, no ha escuchado los testimonios y se ha basado solo en los documentos para alcanzar su decisión. Muchos ciudadanos se sienten perjudicados por esta situación.

Proponen reducir el periodo de prueba para dar salida a el caos generalizado que sufren los tres juzgados administrativos de Mallorca

Suscríbete para seguir leyendo