El Consejo de Estado propone indemnizar a un preso que era inocente

El Consejo de Estado ha reconocido el derecho a ser indemnizado a un empresario que estuvo 14 meses en prisión preventiva en la cárcel de Palma, al estar implicado en una gran operación policial desarrollada en varias comunidades autónomas, y finalmente se demostró que era inocente. De hecho, ni siquiera fue necesario llegar a juicio porque el juez consideró que los hechos que se relataban en el atestado policial ni siquiera eran delito. En el peor de los casos se trataban de infracciones administrativas.

Este detenido era un empresario, que tenía una compañía de servicios en Mallorca. Hace ahora casi diez años la Guardia Civil lo detuvo en Palma. Se le implicó en una gran red de estafas, con numerosas ramificaciones, que consistían en el método de los falsos revisores de gas. Son individuos que suelen presentarse en domicilios de personas mayores o enfermas, afirmando que trabajan para empresas oficiales y que tenían que llevar a cabo estas inspecciones, que eran obligatorias. La visita siempre terminaba con una propuesta de pago, aunque la mayoría de veces el estado de la instalación de gas ni siquiera se comprobaba.

En esta operación policial se detuvo a un total de 16 personas. Entre ellas, estaba el propietario de una empresa. El juez de Palma que asumió el caso ordenó su ingreso preventivo en prisión ante la gravedad de los delitos que se investigaban, como era el de estafa, blanqueo de dinero, intrusismo y usurpación.

Debido a que esta presunta estafa tenía ramificaciones por varias comunidades autónomas, el juez de Palma no fue quien continuó con la investigación. Pasó todo el caso a un juzgado de Málaga, aunque también intervino la Audiencia Nacional. Antes de traspasar el caso, el juzgado de Palma denegó varias veces dejar en libertad al detenido. Fue el juez de Málaga quien decretó dicha libertad, catorce meses después de ser detenido, aunque impuso una fianza económica.

Al archivarse el caso por la inexistencia del delito, el empresario ha decidido presentar una demanda contra el Ministerio de Justicia. Pretende que el Estado le indemnice por los daños, tanto empresariales como morales, que le ha causado pasar tantos meses en prisión siendo inocente.

Como es obligatorio en estas demandas, el Consejo de Estado ha tenido que realizar un informe para valorar si el demandante tiene derecho a recibir una indemnización por estar privado de libertad durante tantos meses. La conclusión que se alcanza es que, en efecto, tiene derecho a esta compensación económica. Sin embargo, la cantidad que se determina está muy lejos de la cifra económica que este empresario reclama en esta demanda. El Consejo de Estado propone una indemnización de once mil euros y rechaza que los daños se puedan cuantificar en algo más de 600.000 euros como calcula este recluso, que resultó ser inocente del delito por el que fue detenido en Mallorca.

Sin embargo, no era la primera vez que a este empresario se le relacionaba con una red de falsos revisores de gas. Meses antes de ser detenido en Mallorca ya había estado implicado en una operación similar desarrollada en Málaga. Por este caso incluso fue condenado, con independencia de que después no se le pudo ni siquiera juzgar por la detención realizada en Palma.

El Consejo de Estado ordena que se compruebe si este empresario ya ha cumplido la condena impuesta en Málaga. Si no fuera así, se le descontaría los meses que estuvo en Mallorca como preso preventivo y no tendría derecho a recibir esta indemnización.

El empresario sostiene en esta demanda que esta detención le ha ocasionado un importante perjuicio para su negocio, con el que obtenía elevados beneficios todos los meses. Sin embargo, en la demanda no ha podido demostrar el origen de dichos ingresos económicos.

En esta operación policial, con vinculaciones en Mallorca, se descubrieron 42 empresas de instalación de gas. Se solía contratar a personas con pocos recursos y sin la más mínima preparación técnica para que realizaran estas visitas a domicilios de personas enfermas o de avanzada edad. Estos estafadores indicaban a la víctimas que si no hacían estas inspecciones se jugaban una sanción económica. Más de dos mil personas fueron estafadas.

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