El Consell congela el recibo de la incineración: esto es lo que pagarás por una tonelada de basura

El Consell de Mallorca ha decidido congelar este año la tarifa de la incineración de los residuos urbanos a través de una inyección económica de 43 millones de euros, que proceden del remanente de la propia institución. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente del Consell, Llorenç Galmés, que ha sido muy crítico con la gestión del anterior equipo de Gobierno. Con esta congelación el precio por tonelada se mantendrá en 114 euros, frente a los 225 euros que proponía la empresa concesionaria Tirme.

El departamento de Medio Ambiente, dirigido por Vox, recibió el pasado verano una propuesta de la empresa de Tirme de incrementar los precios de la incineración en un 97 por ciento. Es decir, suponía prácticamente doblar el recibo de la incineración. Según detalló Galmés, a partir de ese momento se inició un periodo de negociación con la concesionaria, con el objeto principal de cumplir con el compromiso político del actual equipo de gobierno, que era el de no aumentar los precios a los ciudadanos. Para evitar que el aumento repercutiera en los ciudadanos la solución que se ha alcanzado es que el Consell apruebe una modificación del crédito de 32 millones de euros, procedentes de los fondos propios de la institución, que se invertirán en el tratamiento de residuos del periodo del próximo año. A esta cantidad se suman otros 11 millones de euros que el Govern ha adelantado al Consell en concepto de anticipo. Es decir, la inversión total para que los recibos del tratamiento de residuos queden congelados será de 43 millones de euros. Galmés atribuye esta situación “a la nefasta gestión del anterior equipo de gobierno”.

Déficit económico

El departamento de Medio Ambiente, que dirige Pedro Bestard, sitúa el déficit económico de este proyecto de incineración en tres aspectos: el aumento de la inflación, la subida de los intereses bancarios para financiar las inversiones que se han realizado y por la desaparición de una subvención de doce millones de euros, que pagaba el Gobierno central.

Además de la aportación del Consell de Mallorca, la concesionaria Tirme también aportará 5,1 millones para sufragar este déficit económico.

El actual gobierno del Consell acusa al Pacte de aprobar “una tarifa irreal, basada en una previsiones irreales y lo hicieron plenamente conscientes con una finalidad puramente electoralista, ya que se trataba del último año de mandato antes de las elecciones”.

La directora insular de este departamento, Margalida Roig, explicó que las tarifas por la incineración se calculan desde el periodo del 1 de junio al 31 de mayo. Por tanto, señaló que antes de que el anterior equipo de gobierno abandonara el cargo “ya se sabía la situación real”, pero no se adoptó ninguna medida para afrontar el problema. Roig detalló que en el anterior ejercicio la tarifa real de la que se partía en 2023 era de 138 euros por tonelada. Sin embargo, se aprobó un precio de 114 euros “sin atender a las previsiones”, que ya señalaban una subida de los intereses bancarios y un descenso de los ingresos por la venta de energía.

ESto es lo que tendrán que pagar los ciudadanos

La directora general agradeció el esfuerzo del Consell y de la empresa Tirme, que han logrado encontrar una solución para que este año los recibos que deben pagar los ciudadanos queden congelados y que el sobrecoste de este proyecto de tratamiento de residuos se financie con fondos públicos. Roig, sin embargo, reconoció que esta solución solo resuelve el problema de este año, ya que el próximo ejercicio se volverá a plantear este incremento de costes. Se comprometió a empezar a trabajar desde ya mismo para, no solo mantener esta congelación, sino incluso bajar el precio de los recibios. Para ello intentará recuperar la subvención de doce millones que el Gobierno de Madrid ha dejado de pagar y buscar otras fuentes de financiación. Los recibos de este año que tendrán que pagar todos los ciudadanos de Mallorca por el tratamiento de residuos se mantendrán en 114 euros. Esta cantidad habría ascendido a los 225 euros si no se inyectara estos fondos públicos.