Un juzgado desestima la querella contra el policía mallorquín infiltrado en movimientos sociales de Barcelona

El Juzgado de Instrucción 21 ha desestimado la querella interpuesta por ocho mujeres contra el agente de Policía Nacional mallorquín que utilizó las relaciones sexoafectivas para infiltrarse en los movimientos sociales de Barcelona durante más de tres años.

En un comunicado de Irídia y CGT este martes, han explicado que el caso fue destapado en enero, y las mujeres afectadas presentaron una querella por los delitos de tortura o contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos, entre otros.

Irídia ha detallado que recurrirán la decisión a la Audiencia Provincial y "confían en que, como ha sucedido en otros casos de querellas por torturas y malos tratos, la Audiencia les dé la razón en relación al derecho de investigar de forma efectiva y reforzada este tipo de casos en el marco de la prohibición absoluta de la tortura".

Tercera policía mallorquina infiltrada en el movimiento independentista catalán

"Las abogadas de la acusación apuntan que sería especialmente grave que esta denuncia por delitos de tortura y contra la integridad moral quedase sin investigar. El uso de las relaciones sexoafectivas como medio para conseguir información y generando una profunda sensación de vejación, humillación y dolor es un componente clave en esta denuncia y no puede pasarse por alto", han lamentado.

Además, han asegurado que "cruzan todas las líneas rojas": no respetan el derecho a la intimidad, la vida privada, la libertad de asociación y reunión ni la libertad de expresión de las personas.

Relaciones "estratégicas"

"Estas relaciones no han sido casuales, sino estratégicas y deliberadas por parte de la policía y comparten una importante afectación a la dignidad e integridad moral de las afectadas. En este sentido, hay que recordar que según el marco legal actual este tipo de infiltraciones solo pueden llevarse a cabo en el marco de investigaciones judiciales relativas a casos de terrorismo, crimen organizado y tráfico de estupefacientes, circunstancias que no concurren", han añadido.

Asimismo, han tachado de "muy preocupante" que, ante las denuncias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no admitiera ni la existencia de esta operación de Estado ni la necesidad de investigar la misma.

"Es intolerable que el máximo responsable de Interior dé por hecho que en ningún caso las fuerzas de seguridad incurren en malas praxis o eventuales comportamientos delictivos e ignore denuncias tan graves de la ciudadanía", han expresado.

Irídia y CGT, como representantes legales de las afectadas, exigen que se lleve a cabo una investigación "independiente, exhaustiva y efectiva para aclarar los casos de infiltraciones de manera inmediata".