El Consell informa a la Fiscalía sobre 3 posibles casos de explotación sexual a menores tutelados

La institución ha trasladado el informe respecto a posibles casos durante los últimos tres meses tras las sospechas de trabajadores por parte del IMAS

El Consell de Mallorca anuncia una auditoría externa "para saber qué ha fallado" con las menores tuteladas

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, junto al presidente del IMAS, Guillermo Sánchez

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, junto al presidente del IMAS, Guillermo Sánchez / Consell de Mallorca

Andrés Martínez

Andrés Martínez

El Consell de Mallorca, a través del IMAS, ha trasladado a la Fiscalía la investigación respecto a tres posibles casos de explotación sexual a menores tutelados. Así lo ha explicado esta mañana el conseller ejecutivo de Bienestar social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez. "En el informe se recoge que ha habido tres casos de notificación de sospecha de explotación sexual y así lo hemos trasladado".

Según explican fuentes del gobierno del Consell, durante los últimos tres meses los trabajadores del IMAS han transferido sus sospechas respecto a estos tres casos, que de forma inmediata se han enviado a la Fiscalía para que sean investigados. En cuanto al informe, el propio presidente del IMAS no ha querido entrar en detalles. "Los técnicos nos tuvieron informados desde que han ocurrido los posibles casos y así se ha trasladado a los agentes implicados".

Asimismo, el presidente del consell, Llorenç Galmés, ha anunciado esta mañana la puesta en marcha de una auditoría en el IMAS por parte de una empresa externa. La revisión, uno de los grandes anuncios electorales por parte del presidente Llorenç Galmés, servirá "para saber qué ha fallado" respecto al caso de las menores tuteladas. "Queremos mejorar el sistema de protección de los menores, garantizar el bienestar de estos niños y evitar que haya más casos de explotación sexual", ha defendido Galmés.

Dicha auditoría externa actualmente se encuentra en la fase de consultas previas, sin haber sido adjudicada a ninguna empresa ni dar un plazo de inicio o finalización, así como el coste de la propia revisión. No obstante, Galmés recalca que el objetivo es mejorar el sistema de protección de las menores.