La ley de la Oficina de Libertad Lingüística provoca la primera crisis entre PP y Vox

En poco más de dos meses de legislatura, la relación entre Vox y el Partido Popular, formación que lidera el actual Govern, ha entrado en su primera crisis. El objeto de esta división ha sido la proposición de ley para la Oficina de la Libertad Lingüística, un texto redactado de forma «unilateral» por la formación ultraderechista para obligar a Govern, ayuntamientos y la UIB a usar el castellano. Una demostración de fuerza de Vox impuesta desde Madrid que no ha gustado nada en el seno del Partido Popular en Balears, considerada como una deslealtad hacia su pacto de gobernabilidad. 

El desencuentro entre ambas formaciones arrancó cuando Vox presentó la proposición de ley para la creación de la oficina en el Parlament. La normativa, que exige a todas las administraciones baleares a escribir en castellano su documentación e incluye sanciones de hasta 100.000 euros, despertó ayer una gran indignación entre buena parte de la sociedad y los grupos parlamentarios, quienes exigieron respuestas por parte del Govern. 

No obstante, la situación también descolocó al propio Ejecutivo, quién no conocía el contenido del texto ya que no había sido consensuado con él. «No conocíamos el texto de la proposición de ley. Lo que estaba pactado con Vox es el punto del acuerdo para la creación de dicha oficina y que la propuesta la llevarían a cabo ellos, pero en ningún caso conocíamos el contenido», destacó el portavoz Toni Costa. 

En este sentido, Costa defendió que el Govern no apoyará «ningún texto legal en el Parlament que no cumpla con el Estatut de Autonomia de Balears» y admitió que «el catalán es la lengua propia de las islas porque así lo lo dice el propio Estatut».  En cuanto al contenido de la proposición, el Ejecutivo determinó que si se incumple la normativa lingüística autonómica «se presentarán las enmiendas correspondientes».

En el caso del portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, fue un paso más allá y exigió a Vox que retirara «de forma inmediata» la proposición. «Es un texto redactado de forma unilateral por Vox y que no nos gusta ni poco ni nada». Sagreras advirtió a la formación ultraderechista que si no retiran la propuesta, el Partido Popular se verá obligado «a presentar una multitud de enmiendas. La Oficina no saldrá adelante sin nuestros votos».

El portavoz popular insistió en que «el PP ha estado siempre con el Estatut de Autonomia y en la defensa y normalidad de convivencia de las lenguas oficiales en Balears como son el catalán y el castellano». Respecto a la composición del propio texto, admitió que hay una gran cantidad de puntos en los que no están de acuerdo. «Invade competencias, no nos gusta el preámbulo y establece un régimen sancionador que no tiene sentido».

Vox mantiene el desafío

A pesar de la advertencia lanzada desde el Partido Popular, su socio mantiene el desafío y se niega a modificar la propuesta. «No vamos a retirar el texto, esta proposición de ley es nuestra», explicaron desde Vox. La formación ultraconservadora argumentó que la creación de la Oficina de Libertad Lingüística es uno de los puntos fundamentales del acuerdo de investidura de Prohens, así como la dirección del organismo. 

«No vamos a consensuar nada con el PP, estamos abiertos a que puedan presentar enmiendas como el resto de formaciones, pero la redacción del texto es nuestra». Las propias fuentes de Vox defendieron que el Partido Popular es libre de hacer las declaraciones que considere oportunas, pero recordaron que la Oficina forma parte del documento programático firmado entre ambos y ha estado encima de la mesa en la comisión de seguimiento.

Respecto al propio contenido de la proposición presentada por Vox, se recalca que además del español, se pretende «fomentar la protección y el uso de las lenguas oficiales en las Islas Baleares, atendiendo a las modalidades lingüísticas de las distintas islas: el mallorquín, el menorquín, el ibicenco, el formenterense». Además, el texto señala que «el abandono y destierro del castellano ha llegado a tal punto que en prácticamente todas las instituciones de las islas todos los escritos, normativa, comunicaciones e informaciones exigen la obligación de utilizar el catalán y, por ende, la imposibilidad o, al menos, amplias limitaciones para emplear el castellano».

Por todo ello, la nueva normativa pretende garantizar, según especifica en su artículo segundo, el uso del castellano en todo el Govern, los Consells, los Ayuntamientos, el Parlament, la Universidad de las Illes Balears (UIB) y el resto de organismos y administraciones públicas, incluida la de Justicia. Por otro lado, la nueva Oficina tendrá capacidad sancionadora, tipificando las infracciones de leves a muy graves, con imposición de multas de uno hasta 100.000 euros. 

Actuaciones de oficio

 «Cuando la Oficina tenga conocimiento de un hecho que pueda vulnerar el derecho a la libertad lingüística y la normativa que lo ampara, puede actuar de oficio y ponerse en contacto con el órgano o ente de la Administración o con la persona física o jurídica implicados». Del mismo modo, los ciudadanos podrán «denunciar que el derecho a la libertad lingüística ha sido vulnerado, con la intención de que se adopten las medidas oportunas».

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