El tribunal frena el intento del fiscal de introducir en el juicio los whatsapps de Penalva y Subirán

El tribunal del caso Penalva y Subirán ha rechazado la petición del fiscal Tomás Herranz para introducir en el juicio los mensajes de WhatsApp de los acusados antes de que los magistrados resuelvan sobre su legalidad. La sala reprocha al ministerio público que intente «aprovecharse y nutrirse de una prueba declarada ilícita», en alusión a los mensajes ya excluidos por ser fruto del espionaje ilegal a los periodistas. En un auto dictado este lunes, el tribunal limita además la aportación de documentos en la fase final de la vista, que se reanuda mañana con la presentación de las conclusiones.

El pasado viernes, al concluir las declaraciones de todos los testigos y peritos del juicio, el fiscal Herranz aportó como prueba documental las declaraciones en la fase de instrucción del caso de Subirán y los policías Blanca Ruiz, Miguel Ángel Blanco e Iván Bandera, alegando que los cuatro habían rechazado contestar a sus preguntas durante el juicio. Herranz argumentó que con ello pretendía introducir lo que declararon entonces sobre el chat Sancus y probar la supuesta coordinación entre los acusados, así como el conocimiento que tenían de las «filtraciones constantes» de las investigaciones a los medios de comunicación.

El tribunal rechaza esta petición y señala que, a través de esta vía, el fiscal «persigue en realidad aprovecharse y nutrirse de una prueba declarada ilícita», ya que los magistrados excluyeron al inicio del juicio todos aquellos mensajes que hicieran alusión a las filtraciones a periodistas. Sobre el resto de whatsapps, la sala recuerda que aplazó su decisión hasta la sentencia, por lo que su legalidad está todavía en el aire. El auto recuerda que solo los tendrá en cuenta si concluye que su hallazgo en los teléfonos de dos de los policías no se considera vinculado al espionaje a los periodistas.

También califica de «extemporánea» la petición de la Fiscalía, que «resulta lesiva para el derecho de defensa», y considera que «hubiera sido razonable y exigible» que anunciara la posibilidad de introducir las declaraciones sumariales cuando los acusados manifestaron su deseo de contestar a sus preguntas.