El chófer de Gijón sostiene que fue «intimidado» para situar al político en un burdel

El chófer de Álvaro Gijón durante su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Palma aseguró este martes que fue «intimidado» por los investigadores del caso Cursach para que situara al político en un prostíbulo. El funcionario afirmó en el juicio que cuando negó haber llevado a Gijón a un burdel, Penalva y Subirán «se molestaban. «Me decían que no tenía que proteger a esa gentuza, que una testigo decía que sí lo había llevado», declaró. Además acusó a Subirán de haberle llamado «cobarde» y de amenazarle con ser imputado y acabar «en la puta calle», en alusión a que perdería el empleo.

Este testigo fue citado a declarar en 2017, después de que la testigo conocida como ‘la madame’ del caso Cursach situara a Gijón y Rodríguez en un piso de la calle Lluís Martí, donde sostenía que ambos recibían servicios sexuales y droga pagados por el empresario y que el testigo había llevado al concejal varias veces. Afirmó que se sintió «totalmente intimidado» en su declaración judicial, donde el policía Iván Bandera llegó a examinar su teléfono móvil por orden de Subirán para revisar sus llamadas.

Tras esta comparecencia, que el juez acordó un careo entre él y la madame. Según su versión, de las acusaciones de esta mujer «nada era cierto». Explicó que la madame, tras quedarse a solas con el juez y el fiscal en la sala, aseguró que el propio chófer se prostituía en ese mismo burdel. «Subirán me llamó chapero», afirmó. A preguntas de la defensa de Penalva y Subirán contó que su puesto en Cort era de ordenanza, pero que actuaba como chófer a petición de cualquier «superior jerárquico» y negó haber sido colocado en ese puesto por Gijón o Rodríguez.

Durante la sesión de hoy declaró también un funcionario de la Agencia Tributaria, que dijo haber recibido años atrás información de que Gijón podría tener testaferros en una empresa. Sostiene que en marzo de 2017 trasladó esos datos «sin trabajar ni contrastar» a uno de los policías del grupo de Blanqueo, al que conocía por actuaciones anteriores contra la corrupción.

También compareció un ingeniero que en su momento elaboró un informe sobre el concurso de la ORA a petición de una de las empresas que concurrían y no ganó. «No se explicaba claramente de qué manera se estaban aplicando las puntuaciones. Hubo falta de rigor a la hora de explicar por qué se puntuaba. Fue una situación irregular en la valoración», consideró. A preguntas del fiscal Tomás Herranz, añadió que su informe fue esgrimido en un proceso contencioso administrativo -que no revocó la adjudicación- y confirmó que nunca fue citado a declarar por el juzgado que dirigía Penalva ni por los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional.

A través de videoconferencia, fue interrogado también el propietario de un piso de Palma cuya declaración en el caso Cursach, según sostiene la Fiscalía, se ocultó porque contradecía las tesis incriminatorias. Este testigo confirmó que agentes del grupo de Blanqueo se entrevistaron con él para preguntarle por el caso Cursach.

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