El PP calma al rector sobre los 355 millones pactados antes del 28M

Poco después de las elecciones, antes de que se conociese el nuevo director general de Universidades (aún sin nombrar) e incluso antes de que se formalizara el nombramiento de Antoni Vera como conseller del sector educativo, un representante de la cúpula del PP habló con el rector de la Universitat, Jaume Carot, para tranquilizarle respecto a la financiación de la institución académica que se pactó con el anterior equipo, el novedoso contrato-programa dotado en más de 355 millones de euros a recibir entre 2023 y 2026.

Casi en tiempo de descuento, a tres días de las elecciones autonómicas, la Universitat consiguió arrancar al Govern el compromiso público de aceptar la propuesta de la UIB de firmar un contrato-programa dotado con 355 millones de euros. La idea es garantizar la estabilidad financiera de la institución académica hasta 2026 y no tener que ir ‘peleando’ año a año el incremento de la transferencia nominativa.

Eso sí, el principio de acuerdo (que no llegó a formalizarse en convenio) incluía la habitual cláusula de que el compromiso quedaba supeditado a «la existencia de crédito suficiente» (idea que se repetía varias veces).

La falta de formalización del convenio y ese asterisco y reiteración sobre la condición de la existencia de crédito es lo que tenía inquieto al rector, Jaume Carot, tras conocer el resultado electoral del 28 de mayo.

Otro fleco que preocupaba al rector porque había quedado sin cerrar del todo era la financiación del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. De hecho, ante el escenario de incertidumbre presupuestaria tras las elecciones, la UIB decidió postergar su implantación, pese a que ya se había anunciado que empezaría el próximo curso.

Según ha podido saber este diario, a principios de este mes un alto cargo del Partido Popular y miembro del actual Govern se reunió con Carot para tranquilizarle sobre la continuidad del principio de acuerdo alcanzado y por tanto del contrato programa, además de mostrarle su intención de tener una relación fluida con la universidad.

Por otro lado, el anterior Govern dejó la cuestión atada, según aseguran fuentes de la anterior administración a este diario. El ejecutivo aprobó en el Consell de Govern extraordinario del 26 de mayo un informe plurianual de viabilidad y dejó la reserva de crédito hecha para los 355 millones anunciados. Ese informe es el paso previo necesario para que, después de que la Universitat apruebe y aporte su propuesta normativa, se formalice todo en un convenio que ya le tocará firmar al nuevo ejecutivo.

Este nuevo sistema de financiación responde a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que busca garantizar la autonomía económica y financiera de las universidades con programaciones plurianuales que aseguren «un horizonte temporal amplio de suficiencia y estabilidad».

Así, de cumplirse lo acordado tal cual se anunció, la UIB recibiría el año que viene 86,7 millones de euros (cinco millones y medio más que este año); 92,5 millones en 2025 y 94,4 millones en 2026. Se creará una comisión de seguimiento y evaluación formada por cuatro representantes del Govern y cuatro de la universidad.

Por su parte la institución se compromete a elaborar una memoria de las actividades realizadas y de los programas ejecutados, una evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y la puesta en marcha «plena» de un sistema de contabilidad analítica antes de 2025.

Compromiso con el catalán

Además, el acuerdo alcanzado con el Govern que conformaban entonces las fuerzas de izquierda, también implicaba que la UIB asumía «el compromiso de velar por el uso del catalán como lengua vehicular de la enseñanza superior y de articular normativas y programas para fomentar la presencia en la vida universitaria».

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