Seis personas recibieron la eutanasia en Baleares durante el 2022

El año pasado seis personas recibieron la eutanasia en Baleares. En total se presentaron 25 solicitudes, dos de las cuales todavía estaban en trámite al empezar el 2023. De ellas, cuatro sufrían patologías neurológicas, una oncológica y una traumatológica. En lo referente a las eutanasias practicadas había dos hombres y cuatro mujeres. Una tenía entre 40 y 49 años, una entre 50 y 59 años, una entre 60 y 69 años, dos entre 70 y 79 años y una entre 90 y 100 años. La Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir en las Illes Balears ha dado a conocer estos datos en su memoria anual, que estará disponible en los próximos días en el espacio web del Servicio de Planificación Sanitaria.

La conselleria de Salud y Consumo garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la Eutanasia, cuyo principal objetivo es regular un nuevo derecho individual y una nueva prestación sanitaria: la eutanasia o ayuda a morir. Según explican, la conselleria trabaja para facilitar esta prestación y asesorar, acompañar y formar a todos los profesionales implicados en la oferta de la prestación.

En este sentido, puede solicitar la prestación de la ayuda a morir aquella persona (o en su nombre, si así lo ha dejado manifestado en el documento de voluntades anticipadas) que sufra una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos que establece la ley, certificado por su personal médico responsable, que provoque un sufrimiento que la persona considera inaceptable y que no se haya podido mitigar por otros medios.

"Defender la cultura de la vida"

En el acuerdo firmado entre PP y Vox esta misma semana, se establece el desarrollo de la ley 4/2015 de derechos y garantías de la persona en proceso de morir para que haya "garantías de la persona en el proceso de morir para defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, como única salida al dolor" y "asegurar una asistencia sanitaria digna y el acompañamiento médico, familiar y espiritual de los enfermos".

El presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, afirmó hace unos días que se trata de un tema en el que los políticos no deberían meterse, pero aun así señaló que sería necesario que todos los casos pasasen por un "proceso médico, asistencial, de un comité de ética" porque "a lo mejor esa persona toma esta decisión hoy, peor a lo mejor en otras condiciones dentro de una semana toma otra decisión". No obstante, la actual norma obliga a que el paciente presente dos peticiones por escrito separadas por 15 días. Después la solicitud pasará por dos médicos y si estos deniegan la eutanasia, el paciente puede recurrir a una Comisión de Garantía y Evaluación.

Este planteamiento ha provocado una importante reacción por parte de la izquierda. La expresidenta del Govern y candidata del PSIB-PSOE a las generales, Francina Armengol, asegura que "cualquiera con empatía lo entiende" y envía un mensaje tanto a PP como a Vox: "Esto no va de vida contra eutanasia. Va de derechos, libertad y humanidad. Terminó con el sufrimiento del paciente y la de su familia, dijo adiós con el amor de quien te quiere y la solidaridad de toda nuestra sociedad".

Por islas, de las 25 solicitudes recibidas a lo largo de 2022, 18 se tramitaron en Mallorca, 1 en Menorca y 6 en Eivissa. Por sexo, 13 correspondían a hombres y 12 a mujeres. Por tramos de edad, una tenía entre 18 y 30 años, dos entre 30 y 39, una entre 40 y 49 años, siete entre 50 y 59 años, tres entre 60 y 69 años, cinco entre 70 y 79 años, tres entre 80 y 89 años y tres entre 90 y 100 años. La mayoría de solicitudes (11) presentaban patologías neurológicas, 9 oncológicas, 1 de salud mental, 3 traumatológicas y 1 caso sufría pluripatologías.

En el caso de Baleares, la media de días entre la primera solicitud y la realización de la prestación ha sido de 58 días, teniendo en cuenta que en algunos casos se solicitaron aplazamientos por decisión del propio paciente.

Actualmente, ya se ha aprobado el decreto regulador del registro de objetores en el que se pueden inscribir todos los profesionales implicados directamente y que quieran acogerse a su derecho de objeción a participar en esta prestación. El registro se encuentra en estado de pruebas técnicas para poder abrirlo.