El IMAS prevé abrir en 2023 el demandado centro para menores tutelados con problemas de conducta

El Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) prevé abrir este año un centro de acogida específico para menores con problemas de conducta. Es una demanda histórica y recurrente de profesionales que trabajan con menores en el sistema de Protección (desde los educadores hasta la Fiscalía de Menores). También es una recomendación de la Unión Europea, que, a raíz de la investigación que realizó por el caso de las menores tuteladas víctimas de explotación sexual, instó al archipiélago a habilitar este recurso de forma urgente (según se recogió en las conclusiones que el comité de peticiones del Parlamento Europeo remitió al Govern ).

La institución insular está trabajando en los pliegos para sacar la licitación del servicio, que recaerá en alguna entidad. Si se cumplen los plazos y se encuentra al personal adecuado (se requiere un perfil muy especializado), parece que éste puede ser el año en que se haga realidad.  El centro tendrá capacidad para ocho menores que estén en el servicio de protección y tengan problemas graves de conducta. No será de régimen cerrado como reclamaban algunos actores del sector, pero sí será más vigilado y restrictivo que los otros, según ha especificado el IMAS a este diario.  

Ahora mismo, ante la falta de este centro específico, los menores con este perfil son derivados a centros considerados «de alta intensidad» o, desde el año pasado, a una serie de familias acogedoras que tienen también un perfil especializado (son psicólogos, educadores, profesores...). 

No es la primera vez que el IMAS anuncia la creación de un centro para menores con este perfil, pero el anuncio nunca ha llegado a materializarse. La última vez fue en 2017, cuando se aseguró que en 2018 se abriría una instalación de este tipo de régimen cerrado. En aquel entonces los educadores y trabajadores sociales ya alertaban de las fugas reiteradas de los menores de los centros de acogida y de cómo en esas salidas algunas chicas acaban siendo explotadas sexualmente. 

Al tratarse de menores con medidas de protección (no jóvenes que están cumpliendo medidas judiciales de internamiento por haber cometido un delito) viven en centros de acogida abiertos. Pero hace años que profesionales que del sector demandan uno en régimen cerrado (la ley lo permite y hay comunidades que sí los tienen) o al menos mixto o ‘semicerrado’. 

Más de 200 demandas de intervención por jóvenes con problemas conflictivos

En 2021, el IMAS recibió e intervino ante 230 avisos de menores con problemas graves de conducta. Estos avisos suelen venir desde los centros educativos, los servicios sanitarios o sociales o en ocasiones por parte de las propias familias, que se ven desbordadas e incapaces de controlar a sus hijos. 

Según Juanjo Sánchez, jefe de departamento de Menores y Familias en el IMAS, las cifras de intervención por este motivo se mantienen más o menos sin cambios, pero sí que han detectado que los menores son cada vez más jóvenes: «Nos llegan casos de 13 y 14 años y algunos también de 12», indica. Cuando llega un caso se valora y luego si hace falta se diseña una intervención. A veces, los propios padres solicitan que la institución insular asuma la guarda del joven. 

«Adolescentes en crisis»

Sánchez recuerda que para estos hogares en «desbordamiento» por la conducta del menor y la falta de habilidades de los padres para afrontar la situación, el IMAS tiene en marcha el Programa de Intervención en Familias con Adolescentes en Situación de Crisis (PIC). En 2021, este programa atendió a 94 familias y un total de 87 jóvenes, el doble que el año anterior. 

En 2022, se han derivado al programa 80 menores más a este servicio que gestiona el Centre d’Atenció Integral a la Infància (CAIF), cuyo objetivo es «impedir la ruptura del vínculo filioparental y evitar el ingreso de menor en un centro residencial». 

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