El olor a pintura todavía se sentía ayer en las aulas prefabricadas instaladas en el colegio Ses Cases Noves. Además, no tenían todos los muebles. Por eso, los profesores se llevaron a estos alumnos al patio: de todas maneras, no iban a hacer clase ya que se les había pedido que no llevaran ni los libros ni el material escolar al no haber sitio donde colocarlo. Ante esta situación, algunos padres decidieron llevarse a sus hijos de vuelta a casa.
Así empezó ayer el curso 2017-2018 en este colegio de Marratxí. Las familias se concentraron frente a las puertas del centro para denunciar la falta de previsión de la conselleria de Educación y en concreto del IBISEC (el instituto encargado de las infraestructuras educativas), ya que las aulas modulares no se empezaron a instalar hasta este mes, pese a que su colocación estaba prevista desde junio, según lamentó el presidente de la AMIPA, Toni Reus. Según les informó la directora, Cati Nolla, hoy ya estará todo a punto para que las clases puedan comenzar con normalidad.
"Falta de previsión"
La falta de previsión ante el crecimiento de la población escolar y el reproche a un presupuesto que pese al aumento aún no permite tener suficientes colegios e institutos como para asumir ese aumento de alumnado: ésas son las dos principales críticas que se oyeron ayer, en el día en que se incorporaban a las clases de Balears casi 15.000 profesores (202 más que el año pasado) y más de 165.500 alumnos (incluyendo más de 1.300 estudiantes aterrizados de otros países y comunidades fuera de plazo).
El reparto del alumnado nouvingut y las ratios demasiado elevadaalumnado nouvingut y las ratios demasiado elevadas en determinadas zonas son los otros dos aspectos que generan inquietud en la comunidad educativa este curso.
De los escolares que arrancaron ayer el nuevo ejercicio académico, más de 3.000 asistirán a clase en aulas prefabricadas: hay 122 modulares en toda Balears, 16 más que en 2016.
Hay municipios, como Binissalem y Campos, que ya hace muchos años que están acostumbrados a estas instalaciones.
Acostumbrados pero no resignados: las familias del colegio Joan Veny i Clar, que este año suman una nueva prefabricada y ya tienen siete, volvieron a gritar " escola nova ja!"" escola nova ja!" y recordaron que hace casi una década que la esperan (el convenio se firmó hace ocho años).
Estos padres lamentan que las obras del patio iniciadas este verano aún no han terminado. Y avisan que ellos ya ven mucho más allá y temen un nuevo fallo de planificación: "Con la nueva autopista la población crecerá más", advierten. Consideran que la nueva escuela, cuyo proyecto en teoría se presentará este trimestre, "nace ya saturada".
Algunas familias del Santa Isabel de Palmafamilias del Santa Isabel de Palma también protestaron por el retraso en las obras de su centro, que han obligado a enviar temporalmente a parte del alumnado al Son Quint, en Son Rapinya. En el Jafuda Cresques el periodo lectivo empezó también con reformas aún en marcha.
En Sóller, los alumnos de Ses Marjades no han podido iniciar las clases en su centro por las deficiencias estructurales (decisión anunciada el día antes del arranque escolar). Tras una tensa reunión entre las familias y representantes de la conselleria de Educación se acordó que serían reubicados en la antigua escuela de Es Fossaret.
En el lado contrario de la postal, estaban ayer los alumnos del colegio de Son Macià, el único centro nuevo que ha comenzado a funcionar este curso y cuya inauguración oficial será en breve. En otros 75 centros de las islas también se han llevado a cabo reformas este verano.
Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) no ocultan su preocupación por el hecho de que un año después de presentarse el Plan de Infraestructuras 2016-2023 ya ha quedado claro que es insuficiente ante al aluvión demográfico y las necesidades históricas del archipiélago. Este plan se alarga dos legislaturas y para ésta se prevé la construcción de entre diez y once centros.
Al ya estrenado de Son Macià, en principio se sumarán nuevos centros en Alcúdia, Campos y Palma, entre otros.
Albert Lobo, vicepresidente de FAPA, reclamó adelantar los plazos previstos en Plan de Infraestructuras y ampliarlo, para acelerar la creación de nuevas plazas y también poder ir haciendo frente a las nuevas necesidades que vayan surgiendo, como ha sucedido en Sant Llorenç, donde el centro ha tenido que ser apuntalado.
Para dar ese impulso al Plan de Infraestructuras es evidente que la única receta posible es poner más dinero sobre la mesa y por ello hoy mismo reactivarán su campaña 'Més de mil', para reclamar que el presupuesto de Educación para 2018 supere los mil millones de euros. El sector educativo no olvida que el PSIB prometió en campaña electoral dedicar un 5% del PIB a Educación y que Més habló de ir incrementando cada año un 10% el presupuesto.
Para intentar acabar con ese déficit histórico de infraestructuras de una vez por todas, las familias agrupadas en FAPA ponen una propuesta sobre la mesa de los partidos, ligada a la lucha por el Pacto por la Educación: que todos los colores políticos asuman el Plan de Infraestructuras Educativas. Dado que se alarga hasta 2023, este acuerdo sería una manera de garantizar una continuidad de la planificación hecha y no tener que volver a empezar de cero (con el retraso que eso supondría) en caso de haber un cambio en el Govern dentro de dos años.
Las familias también han planteado a la conselleria de Educación una idea para evitar cuando sea posible que los colegios empiecen aún con obras en marcha: penalizar de alguna manera, de cara a futuras contrataciones, a las empresas que no cumplan con los plazos marcados en un inicio en sus proyectos de reforma en los centros. Según Lobo, Educación aseguró que pasarían la propuesta a los servicios jurídicos.
Desde la federación de padres apuntan la necesidad de aumentar el personal del IBISEC. Aunque la plantilla ya se ha incrementado esta legislatura, FAPA ve necesario que haya más personal para agilizar los procesos.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, admitió las quejas del sector, pero no las del PP. Respecto a las reivindicaciones de las familias y los profesores, reconoció que "son justas" y aseguró "ser consciente" de que faltan "muchas cosas por hacer" si bien razonó que "por desgracia los recursos son los que son". No aceptó las críticas del Partido Popular por el aumento de prefabricadas: "El PP debería de callarse, las comparaciones son odiosas", indicó, recordando la "crispación" de la última legislatura y "los recortes".
Remató indicando que el anterior Govern "solo invirtió diez millones" en centros, cuando el Pacte ha destinado más de 25 millones de euros en casi 400 obras y ha contratado "a más de 800 profesores".
Así se expresó Armengol en su visita al CEIP Ponent de Inca, que este año cumple 40 años. Martí March reconoció la necesidad que tiene el municipio de un nuevo colegio y recordó que también está incluido en el plan. El conseller de Educación recordó que han "consolidado" los derechos de los trabajadores" y admitió que el crecimiento de población que experimenta Balears a rebufo del éxito turístico supone un desafío para el sistema educativo.
