Marratxí concentra veinte parques solares en un radio de 10 kilómetros

El municipio de Marratxí, con una de las densidades de población más elevadas de la isla, concentra hasta veinte proyectos fotovoltaicos en suelo rústico en un radio de diez kilómetros a partir de Sant Marçal que suponen una ocupación total de 88,6 hectáreas. 

Así lo ha denunciado este vierntes la plataforma Renovables Sí, però aixó No!, que ha presentado alegaciones contra la declaración de proyecto industrial estratégico, la autorización administrativa previa y la evaluación de impacto ambiental ordinaria del parque fotovoltaico Son Verí I y II, ubicado en una parcela rústica que «constituye una de las últimas zonas agrícolas y de garriga del municipio de Marratxí, con una zona de bosque de pinar característico del medio natural mediterráneo». 

En esta zona, la promotora Judio Torremejia Parque Sur Fotovoltaica 2018 S.L., con sede social en Cádiz, «pretende instalar dos plantas industriales fotovoltaicas con una superficie total de casi 20 hectáreas y casi 30.000 placas solares con una línea de evacuación de energía de 1.700 metros de longitud», denuncia la plataforma.

En sus alegaciones, este colectivo argumenta que todavía no existe una planificación territorial sobre la ubicación prioritaria de las instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico, tal y como determina la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, añade que la Ley de Proyectos Industriales Estratégicos «desprotege en un solo párrafo todo el suelo rústico común de Mallorca» y el consenso alcanzado hace 40 años. Asimismo, «no existe una planificación energética adaptada a la Ley de Cambio Climático».

En el caso concreto del proyecto de Son Verí, «se trata de una instalación energética de tipo D que se ubica en una zona no degradada y sin procesos participativos de la ciudadanía», lo que «incumple el actual Plan Director Sectorial Energético» aprobado en el año 2005. La plataforma añade que el proyecto se ubicará en una zona de bosque y garriga «rodeada de viviendas», algunas de las cuales quedarán a 100 metros de las instalaciones. 

Por otra parte, la plataforma argumenta que no hay «garantías» de que, una vez extinguida la actividad, los terrenos se restablezcan a su estado original. También denuncian que el proyecto «no cumple» el artículo de la ley de Proyectos Industriales Estratégicos que «determina que los informes de los Consells son vinculantes en los casos de proyectos que ocupen más de 20 hectáreas».