La Policía Judicial de la Guardia Civil remitió ayer al juzgado de instrucción 12 de Palma un informe preliminar sobre el caso Radio Calvià, una supuesta trama de corrupción en torno a la emisora pública municipal de esa localidad durante siete años. La Guardia Civil reclama a la juez que impute al exalcalde Carlos Delgado, actual conseller de Turismo en el Govern del PP, por una de las adjudicaciones de esa emisora.
El atestado de la Guardia Civil tiene la condición de informe preliminar y versa sobre algunos de los expedientes de adjudicación de Radio Calvià que están siendo revisados.
Los investigadores de la Policía Judicial han llegado a la conclusión, tras examinar a fondo la documentación de uno de los concursos de 2004, que los intervinientes pudieron incurrir en dos presuntos delitos: falsedad documental y fraude a las Administraciones Públicas.
La Guardia Civil postula que esa adjudicación pudo ser amañada en favor de Antònia Pastrana, actual jefa de prensa del Ayuntamiento de Calvià y responsable durante años de la programación de la emisora municipal.
Los agentes informan a la instructora de la conveniencia de interrogar, en calidad de imputadas, a varias personas por ese concurso, entre ellas el exalcalde Carlos Delgado. Este último, defendido por Antonio Monserrat, ha negado cualquier tipo de irregularidad en torno a los hechos.
El caso Radio Calvià se abrió a raíz de una querella formulada en marzo por el Partido Socialista contra Delgado, Pastrana, representada por Gaspar Oliver, el actual alcalde del PP de Calvià, Manuel Onieva, y la exjefa de prensa municipal María José Merino.
Adjudicar a dedo
Los querellantes acusan a Carlos Delgado de adjudicar a dedo durante siete años y con toda clase de irregularidades administrativas, la emisora pública municipal Radio Calvià a Antonia Pastrana.
Los socialistas, defendidos por Pablo Alonso del Caso, sostienen que Pastrana y Delgado malversaron una media de 20.000 euros al mes, mediante una serie de trucos para que la primera consiguiera, año tras año, y entre 2005 y 2011 la explotación de ese medio de comunicación.
La jueza de instrucción 12 encargó a la Guardia Civil que investigara el caso y repasara los expedientes de adjudicación. En las últimas semanas los agentes se han volcado en algunos de esos concursos para esclarecer si en ellos se cumplieron las normas de adjudicación.
Acabar para septiembre
La juez dictó ayer una providencia en la que solicita al Ayuntamiento de Calvià más documentos sobre los concursos investigados. La magistrada también apunta a que la Guardia Civil deberá tener por concluidos sus atestados antes del próximo mes de octubre.
Las pesquisas también versan sobre los ingresos en publicidad que la radio pública consiguió en esos años.
Una de las cláusulas de los contratos, que ahora están siendo revisados al detalle por la Policía Judicial de la Guardia Civil, obligaba a los adjudicatarios a rendir cuentas mensuales de sus ingresos externos por publicidad. Si la facturación de publicidad ascendía a más de cuatro mil euros, el contrato estipulaba que se debía bajar la asignación de fondos municipales. De hecho, en las adjudicaciones se tenían en cuenta los posibles ingresos por publicidad.
