El Govern deberá pagar medio millón de euros a un hotel de Sóller al que le denegó las ayudas covid

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) ha condenado al Govern balear al abono de 500.000 euros a la empresa que gestiona un hotel en el Port de Sóller al que le denegó las ayudas covid que tramitó la administración autonómica en el año 2021.

Así se desprende de la resolución que ha dictado la sala de lo Contencioso-administrativo del TSJB que anula la resolución que fue dictada hace tres años con la que denegaba una ayuda económica al hotel denominado Bikini Beach, situado en el Port de Sóller.

El Govern alegó en su resolución que la empresa no estaba al corriente de pago de sus obligaciones tributarias, algo que fue refutado por la empresa que presentó un recurso administrativo contra la resolución dictada por el gobierno autonómico. Pese al recurso, otra resolución del Govern mantuvo su negativa a hacer el pago de la ayuda solicitada entendiendo que la empresa no estaba al corriente de pago. Esta segunda resolución dio pie a un litigio que ahora ha resuelto el TSJB.

En su veredicto, el magistrado ponente, Fernando Socías, concluye que ha de reconocerse el derecho de la empresa hotelera a la percepción de la ayuda “que deberá calcularse conformo a los criterios establecidos” en la orden de la Conselleria de Hacienda y Relaciones Exteriores que dictó en el año 2021. La sentencia puede recurrirse mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

855 millones

En plena pandemia por coronavirus y mediante el aporte de los fondos europeos para la recuperación económica, el Govern balear distribuyó 855 millones de euros para ayudar a las empresas que se vieron afectadas por crisis sanitaria. Estos recursos sirvieron para apoyar a las empresas en una época en la que vieron mermadas sus ingresos como consecuencia de las restricciones y el cierre al que se vieron abocadas para hacer frente a la pandemia.

La empresa a la que ahora el Govern deberá abonarle medio millón solicitó 1.332.000 euros, si bien el importe máximo al que podía acceder quedaba limitado a 500.000 euros. Entre los requisitos que se establecieron figuraban el de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

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