La indemnización de 96 millones por Muleta, en el Port de Sóller, equivale a la inversión educativa balear de 2023

La indemnización millonaria por la protección de los terrenos de Muleta, en el Port de Sóller, deja un «agujero enorme» en las arcas autonómicas, como recalcó esta semana el Govern. Para hacerse una idea de lo que significará pagar esos 96 millones de euros al empresario Matthias Kühn, que finalmente se financiarán con deuda, basta con analizar los presupuestos del Ejecutivo para este año, que ascienden a 7.320 millones. Las equivalencias impactan.

Por ejemplo, toda esa indemnización equivale a lo que presupuestó el Govern en 2023 en materia de inversiones educativas «para ejecutar o iniciar actuaciones» en este ámbito, como puedan ser nuevos centros escolares. El año pasado, se consignaron a este fin 95,8 millones de euros (en 2024, la cifra se ha elevado a 136 millones).

Port de Sóller | Los terrenos de Muleta, en imágenes

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No sólo eso. Esa cantidad es ampliamente superior a los fondos que, en materia de financiación, aportará la administración autonómica a los Consells insulares de Menorca, que recibirá 75,2 millones, y de Eivissa, que percibirá 82,3 millones, según consta en los presupuestos de la Comunidad de este año.

Impuesto turístico

Si se analiza la previsión de ingresos autonómicos, las equivalencias son de consideración. El abono de esa indemnización representa prácticamente el 70% de lo que prevé recaudar Balears este año por el impuesto turístico (un total de 136 millones de euros).

Esos 96 millones, además, superan ampliamente las previsiones de ingresos por la recaudación de «tasas y precios públicos» (79,6 millones en 2024); de canon por el saneamiento del agua (90,1 millones); del impuesto de sucesiones y donaciones (77 millones) y de tasas del sector del juego (35,9 millones).

Durante estos días, el Govern ha querido subrayar que esta cantidad millonaria no la sacará de ninguna partida de interés general para la ciudadanía. Y, ayer, así lo corroboró el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien anunció que se aprobará una ley de crédito extraordinaria para pagar los 96 millones de euros de indemnización al empresario Matthias Kühn tras haberle desclasificado la urbanización de Muleta del Port de Sóller.

Costa aseguró que ésta es la única vía posible para hacer frente a este pago, ya que, según dijo, los presupuestos aprobados para el 2024 no tenían previstos una partida de estas características.

«Lo tendremos que financiar con deuda, no nos queda otro remedio. Lo que no vamos a hacer es recortar en servicios públicos, por ello proponemos una ley de crédito que se aprobará en el Consell de Govern y después tendrá que pasar por el Parlament para que salga adelante», indicó.

Tribunal Constitucional

Asimismo, el portavoz comunicó que no recurrirán la sentencia ante el Tribunal Constitucional al considerar que no existe posibilidades de que prospere y se mostró muy preocupado respecto a nuevas indemnizaciones a las que tenga que hacer frente el Ejecutivo por desclasificaciones urbanísticas.

«Estamos pendientes de varias sentencias que deben dictar los tribunales, puede ser que esta indemnización de una cuantía tan elevada no sea la única que tengamos que pagar este año», manifestó el también vicepresidente del Govern. En este sentido, Costa detalló que las compensaciones a las que ha tenido que hacer frente la administración por proteger territorio en Balears suman más de 400 millones de euros durante los últimos años.

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