Santa Margalida: Monjo aprueba un sondeo para implantar la ORA en Can Picafort

El pleno celebrado este viernes en Santa Margalida ha aprobado una propuesta municipal mediante la que se autoriza la convocatoria de una consulta pública para «recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas» en relación de la aprobación de una Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA) en el núcleo costero de Can Picafort. Los vecinos interesados en opinar sobre este tema podrán hacerlo durante quince días naturales desde el día de la publicación de la propuesta en el boletín oficial a través de un correo electrónico municipal. «Una vez realizada la consulta pública previa se trasladará el resultado al pleno, que acordará lo que estime oportuno», añade la propuesta presentada por el alcalde Joan Monjo.

El equipo de gobierno argumenta que, a pesar de haber aprobado una ordenanza de la ORA en 2018, «se ha demostrado que no cumple las expectativas y siguen los problemas que se querían mitigar». De hecho, nunca ha llegado a aplicarse, por lo que «con la regulación se pretende mejorar la normativa y dar solución a los problemas de aparcamiento que los residentes de Can Picafort tienen, especialmente durante la época estival».

El alcalde asegura que la futura ORA será de pago, del cual quedarán exentos los residentes. 

Por su parte, el PSOE, único grupo de la oposición, ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de aplicar esta ordenanza, que «no puede implantarse de un día para otro y depende de una serie de estudios y de condicionantes». Los socialistas se muestran escépticos y creen que se trata de «una nueva ‘curolla’» del alcalde Monjo.

Por otra parte, el pleno ha aprobado también otra propuesta que modifica la ordenanza municipal de policía y buen gobierno para ampliar la prohibición de estacionamiento de autocaravanas a la totalidad de los núcleos de Can Picafort y Son Serra. Hasta la fecha, estos vehículos ya tenían prohibido aparcar en toda la zona urbana comprendida entre la carretera Alcúdia-Artà y el mar, en el caso de Can Picafort, y en la primera línea de Son Serra.

No obstante, el gobierno local argumenta que estos vehículos «siguen causando problemas» en ambos núcleos, especialmente en las zonas «donde hay pocas plazas de aparcamiento».

Los socialistas denuncian que la propuesta elevada a pleno no coincide con la acordada en la junta de portavoces.

El PSOE denuncia el gasto de 445.000 euros más de lo previsto en las fiestas populares

El pleno ha aprobado una modificación de crédito para financiar los gastos municipales en concepto de fiestas populares en los diferentes núcleos del municipio. El PSOE denuncia que el equipo de gobierno ha superado en 445.000 euros el presupuesto previsto en un principio. Así, en Santa Margalida, la inversión inicial de 70.000 euros se ha incrementado en 160.000 euros; en Can Picafort, a los 50.000 euros iniciales se han sumado otros 140.000 euros; y en Son Serra, donde se habían previsto 15.000 euros, finalmente habrán costado 45.000. En total, el Consistorio se habrá gastado 620.000 euros en fiestas.

El pleno ha aprobado los presupuestos de 2024, que ascienden a 16,6 millones de euros, de los cuales 1,9 millones son inversiones. El PSOE ha votado en contra al considerar que son «cero ambiciosos y continuistas con lo de siempre». 

El Consistorio, cogobernado por el PP, no aplicará el decreto de vivienda

La sesión plenaria ordinaria celebrada en Santa Margalida ha decidido, con el voto favorable del equipo de gobierno integrado por Convergència y PP y del PSOE en la oposición, no aplicar las disposiciones adicionales del decreto ley 6/2023 de medidas urgentes en materia de vivienda que hacen referencia a la reconversión de locales existentes en viviendas, la modificación de la densidad de viviendas para facilitar la división de viviendas unifamiliares entre medianeras, el cambio de uso y aprovechamiento en los terrenos calificados como equipamientos públicos y privados y las actuaciones para permitir el crecimiento en altura.

La propuesta municipal insta a los servicios técnicos del Consistorio a informar sobre las alternativas que «técnicamente son viables de cara a la implementación de las medidas del decreto ley», teniendo en cuenta una serie de criterios como las necesidades de aparcamiento derivadas de la autorización de nuevas viviendas, la posibilidad «no asumible» de permitir alturas superiores a la planta baja más tres pisos o la reconversión e hoteles obsoletos en viviendas, entre otros.