La bofetada judicial que ha recibido el Consell con la doble sentencia que anula el rescate del túnel de Sóller no tendrá consecuencias políticas. Los responsables en aquel entonces del rescate ahora fallido se desentienden de cualquier responsabilidad. El que fue presidente del Consell, Miquel Ensenyat (hoy diputado y portavoz de Més en el Parlament) evitó pronunciarse durante todo el día y no fue hasta última hora cuando emitió un comunicado. Eso sí, su entorno justificó su silencio señalando que quien dirigía el departamento responsable era la socialista Mercedes Garrido, la recién estrenada consellera de Presidencia, que no piensa dimitir porque desde su punto de vista el rescate fue «acertado». En la misma línea, la actual presidenta del Consell, Catalina Cladera, defiende el acierto de la decisión y sentencia que los mallorquines no volverán a pagar peaje en el túnel de Sóller.
En su comunicado, Ensenyat acata la decisión pero discrepa de una sentencia que niega el interés general de una decisión que fue adoptada con los informes favorables de la Secretaria General del Consell como del Consell Consultiu. «Revertir la concesión no solo atendía a una demanda histórica sino que ponía fin a un abuso sobre los usuarios. El túnel de Sóller era el más caro del Estado por kilómetro», defiende Ensenyat, que anima a la institución insular a defender antes los órganos judiciales la necesidad de no revertir el rescate.
La consellera Mercedes Garrido valoró con respeto la decisión judicial del TSJB que ha anulado el rescate del túnel de Sóller, acordado por el Consell de Mallorca en la anterior legislatura, si bien sostuvo que se trató de una «decisión política acertada». Se mostró en contra de la opinión que han sentenciado los jueces y recordó que el túnel era la única carretera de Mallorca por la que se cobraba peaje, de tal forma que todos los conductores tenían que pagar diez euros para ir y volver de Sóller.
Garrido, que era la consellera insular de Territorio cuando se rescató el túnel, rechazó que los políticos que intervinieron en este proceso de rescate «tengan que asumir responsabilidades políticas», a pesar de la decisión judicial, y recordó que el rescate fue aprobado por todos los partidos que formaban el Pacto en el Consell de Mallorca, con el apoyo de El Pi y con el voto en contra de PP y Ciudadanos. «Sí era justo rescatar el túnel», insistió Garrido, que detalló que se mantendrá al margen de las futuras actuaciones políticas que adopte la institución insular tras esta contundente sentencia del TSJB.
17 millones ya abonados
La socialista recordó que la empresa concesionaria, que ha conseguido esta rotunda victoria en los tribunales, ya ha cobrado los 17 millones de euros que pagó el Consell para rescatar la carretera y rechazó que se deba pagar más dinero por otro rescate, a pesar de que dicha empresa reclamaba 30 millones de euros. «Insisto en que fue una decisión acertada. Se trataba de igualar a todos los mallorquines para garantizar que no pagaran por dirigirse a una localidad».
En esta línea, Cladera aseguró que los ciudadanos no volverán a pagar por acceder a Sóller por el túnel. «Respetamos la sentencia, pero no la compartimos. Mantenemos la idea de que no tiene que haber ningún peaje en Mallorca; el Consell estaba en su derecho de tomar la decisión política de rescatar la concesión y así lo hizo, pagando una cantidad de 17 millones de euros basada en informes periciales que se elaboraron en su momento», explicó.
Los servicios jurídicos del Consell deberán estudiar la posibilidad de presentar un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo, trámite para el que tiene un mes de plazo antes de que la sentencia sea firme. En caso de no presentar recurso, la institución explorará otras vías encaminadas a evitar que el túnel de Sóller pueda volver a cobrar un peaje a los ciudadanos.
En el capítulo de reacciones, el PSOE aseguró que la «eliminación del peaje no tiene marcha atrás». Vox alertó de que las sentencias relativas al túnel de Sóller «arruinarán» el Consell, mientras que Ciudadanos avisó del alto coste que supondrá el «capricho del Pacto» de rescatar la concesión del túnel.
