Duro varapalo político al Consell. El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha tumbado el rescate del túnel de Sóller, ejecutado por el Consell de Mallorca en el año 2017. Se trata de un duro revés para la institución insular porque es la segunda sentencia dictada en pocos meses que confirma que el rescate del túnel de Sóller es nulo [lea aquí la sentencia]. 

Así, el TSJIB ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Consell de Mallorca contra la sentencia en primera instancia dictada el 13 de marzo de 2020 por el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma. Este veredicto estimaba la demanda presentada por la Compañía Concesionaria Túnel de Sóller (filial del grupo Globalvía) y declaraba nulo el rescate de la concesión que adoptó el pleno de Consell de Mallorca en 2017. 

La sentencia de primera instancia y la que ayer se conoció del TSJIB ponen en cuestión la justificación del interés general que motivó la decisión de pleno de Consell de Mallorca del 2 de agosto de 2017 para efectuar el rescate de la concesión de la galería subterránea, que conllevó la finalización del peaje que durante más de 20 años, entre febrero de 1997 y diciembre de 2017, tuvieron que pagar los usuarios para poder transitar por la que fue la única vía de peaje de Balears.

El Consell de Mallorca considera que la decisión de declarar la gratuidad del túnel de Sóller es irreversible, y asegura que «hay que defender que los ciudadanos de Mallorca no tengan que pagar por circular por este tramo de tres kilómetros de la red viaria de la isla». A través de un comunicado de prensa, la institución insular señaló que «respeta la sentencia del TSJB aunque no comparte su contenido». Considera que la finalización del peaje del Túnel de Sóller en 2017 «estaba plenamente justificado» y que el rescate de la concesión ya comportó el abono de un justo-y-precio marcado por un peritaje independiente y avalado por el Consell Consultiu de Balears, cifrado en 17,4 millones de euros.

El Consell mantiene el apoyo a la decisión adoptada por el anterior equipo de gobierno de la institución, que «actuó en favor del interés general para que toda la ciudadanía pudiera disfrutar de manera libre y gratuita del libre paso por la totalidad de las vías públicas de Mallorca, sin que se produjeran desigualdades en este sentido en función del lugar de residencia»

Contra la sentencia que se conoció ayer se puede interponer recurso de casación, pero, al tratarse de un recurso extraordinario, el Consell de Mallorca deberá estudiar la viabilidad de su presentación. La institución que preside Catalina Cladera asegura que agotará todas las vías posibles y seguirá trabajando para mantener el actual estatus de gratuidad del túnel, un hecho que iguala este tramo a todo el resto de la red viaria de Mallorca.

El 28 de diciembre de 2017, las autoridades insulares e isleñas se agruparon ante la boca sur del túnel para proceder al acto simbólico con el que la galería subterránea dejaba de ser de peaje. Para poder llevar a cabo esta operación, la institución procedió previamente al abono de una cuantía de 17,4 millones de euros, a pesar de que las demandas de la concesionaria elevaban el coste del rescate a los 30 millones de euros. Dada la diferencia de las cuantías, la empresa tuvo que renunciar a la explotación y optó por recurrir a la vía judicial. Las dos sentencias que han salido del proceso son favorables a los intereses de la concesionaria, aunque será el Tribunal Supremo quien tendrá la última palabra. El Alto Tribunal, con sede en Madrid, deberá valorar los argumentos expuestos por las dos partes en litigio para determinar si el rescate del túnel fue realizado correctamente y con las cuantías económicas adecuadas. 

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Promesa política

A pesar de que el Consell asegura que ha quedado sobradamente demostrado que ha supuesto un beneficio para todos los residentes, en la primera sentencia el juez ya estimaba que las razones alegadas para ejecutar el rescate no quedaron acreditadas ni respondían al interés público. Con el levantamiento de la barrera culminaba una promesa política de los partidos que gobernaban la pasada legislatura el Consell presidido por Miquel Ensenyat. La primera sentencia ya suponía un severo correctivo a la decisión de la institución insular porque el juez aseguraba que existe «ausencia de justificación de un concreto, real y acreditado interés público». Ahora es el TSJIB quien tumba el rescate.