El auto judicial con el que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) avala el acuerdo entre las partes por el que se reclasifica la urbanización de Muleta II generó ayer las primeras reacciones marcadas por el estupor de la clase política de Sóller.

El alcalde de Sóller, Carlos Simarro (PP), afirmó que "acataremos la sentencia y haremos lo que corresponda para cumplir con lo que establece el tribunal". El alcalde dijo que "hay que respetar la decisión judicial porque el ayuntamiento de Sóller no se puede arriesgar a caer en una responsabilidad patrimonial por incumplimiento". El primer edil confía que las edificaciones que puedan construirse en Muleta "sean lo menos impactantes posible" por lo que "obligaremos a cumplir con la normativa vigente". "Esperemos que al menos sirva para reactivar la economía y que redunde en beneficio de Sóller", sostiene.

Más contundentes se mostraron desde las filas de la oposición. Catalina Esteva, representante de Progressistes, afirmó que "es terrible y vergonzoso que el Govern haya suscrito este pacto" que a su juicio "ha preferido defender los intereses de un particular antes que el interés general y el medio natural". Esteva afirmó que "la promotora no tenía derecho a percibir cien millones porque no tenía derechos adquiridos ni se le había dado licencia urbanística". Es más, "aquello no es una urbanización porque no tiene ni servicios".

"Depredación de Mallorca"

El representante de Entesa, Miquel Gual, afirmó sentirse "decepcionado" porque la reconversión de Muleta "supone un paso más en la depredación de Mallorca". "Nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro, lo que implica un juego muy peligroso al jugar con el territorio y el turismo, que es lo que genera ingresos en Sóller".

A través de su perfil en una red social, el grupo ecologista GOB manifestó que el auto "confirma lo que hasta ahora era solo un temor" que permitirá "un atentado más contra la Serra de Tramuntana que fue declarada patrimonio de la humanidad". El GOB apuntó que "la Unesco ya advirtió que la Serra está amenazada por la especulación y las ansias urbanizadoras".

La urbanización ocupa una superficie de 46.100 m2 que puede alojar hasta 33 chalés unifamiliares. El auto que valida el acuerdo entre las partes obliga al ayuntamiento a modificar el planeamiento para que Muleta vuelva a ser urbano.