­Uno de los movimientos populares más importantes que se ha vivido en Alaró estos últimos años ha sido el del colectivo de Voluntaris del Castell, que surgió en 2005 para reivindicar una mayor atención institucional a los restos arqueológicos de la fortaleza. Una de sus campañas criticaba la situación de ruina de las murallas con el lema Si les pedres xerrassin... Cuatro años después, y ante los anuncios de grandes inversiones públicas, el colectivo consideró que el reto estaba conseguido y elaboró una gran pancarta que rezaba: Ses pedres ja xerren. Ahora, a la vista de la situación actual, las piedras vuelven a tener mucho que decir.

Una de las situaciones que alarma al presidente de la Fundació Castell, Mateu Marcús, es el estado de los viejos aljibes que garantizaban el agua de los antiguos moradores del castillo. El pasado abril, ante el riesgo de derrumbe inminente, una brigada de mantenimiento del Consell apuntaló la cubierta de uno de estos edificios. Marcús reconoce que han pasado ocho meses y que el aljibe sigue apuntalado de forma provisional.

La Fundació Castell ya había solicitado al Consell que elaborara un proyecto de reforma de los aljibes. Este proyecto es el que se presentó a Abaqua en enero y, meses después, con la entrada del nuevo equipo de gobierno del Consell, también se envió al Ministerio de Cultura.

Marcús asegura que le preocupa que la labor realizada por la fundación se pierda por falta de fondos, pero también considera que todo el pueblo debe volver a tomar conciencia del significado del Castell, puesto que tras años de gran actividad, ahora parece que se viven momentos más relajados.

"Está comprobado que, si no molestas continuamente, nadie te escucha", afirma Marcús, y esta ha sido su tarea como presidente, aunque adelanta que no piensa prolongar demasiado su etapa en el cargo: "Ahora tenemos pendiente que el Consell nos pague 80.000 euros para el mobiliario de la hospedería y, en unos meses, sacaremos a concurso la plaza de donat. Después ya veremos si sigo".

En estos años, además de la satisfacción de conocer la sentencia judicial que confirma la titularidad pública del castillo, Marcús destaca la culminación de la reforma de la hospedería, la inversión de 50.000 euros de Endesa, una intervención de urgencia en la torre del Constipador –50.000 euros a cargo del Consell– y la inauguración del aula de interpretación –tras una aportación de 8.000 euros de la Fundació La Caixa–.

Entre las cuestiones pendientes, sigue la rehabilitación integral del conjunto arquitectónico. De haberse cumplido los plazos anunciados, en 2013 se hubiera contado con la totalidad de la aportación estatal, un millón de euros, y se estaría ejecutando el plan de intervención programado en 1997.

El Plan de Castillos dividía la superficie de la montaña en cinco sectores. El primero corresponde a la zona de la puerta de acceso y alrededores; el segundo, a las murallas de la punta norte; el tercero, al entorno de la hospedería; el cuarto engloba los aljibes y estanques, y el último, la torre de Sant Antoni y muros anexos.