Més per Palma exige el cese de Toni Deudero por su "injerencia política a funcionarios de Cort"

Més per Palma ha exigido hoy al alcalde Jaime Martínez el cese "inmediato" del regidor de Movilidad, Toni Deudero, tras la renuncia de dos responsables de su departamento por discrepancias con la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Hay que recordar que el PSOE también ha pedido esta mañana la salida del concejal.

"Reclamamos a Martínez el cese inmediato del regidor Deudero. Si se confirman las acusaciones de coacciones a los funcionarios de este Ayuntamiento, estamos ante una situación gravísima", ha señalado el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras.

"Hablamos de una injerencia política a los funcionarios de Cort para que aprueben cuestiones que van en contra de la ley. Todo fundamentado en el negacionismo climático de Deudero y del PP. Exigimos que dejen de gastar energía en perder dinero público para Palma. Ya llevan más de 200 millones de euros de inversiones perdidas para el tranvía, para el eje cívico de Cotlliure y parece que ahora se perderán 30 millones de euros para la Zona de Bajas Emisiones", ha subrayado Contreras en relación a los fondos europeos destinados a implementar la ZBE y que se perderán si no se ejecuta antes del 31 de diciembre.

"La dejadez de Martínez y su inficiencia nos puede salir muy cara a los vecinos de Palma", ha sentenciado Contreras.

Deudero: "Una tormenta en una taza de té"

El jefe de departamento y el jefe de servicio de Movilidad renunciaron el viernes por discrepancias serias sobre la ZBE, un área del centro de Palma entre las Avenidas y el mar en la que se restringirá severamente la circulación de vehículos para reducir las emisiones de CO2. Estos dos funcionarios, que regresarán a sus plazas, rechazaron firmar el proyecto de ordenanza que desarrollará esta iniciativa por desacuerdos con "la tramitación", aseguró el martes el propio Deudero, que restó importancia a la salida de estos dos responsables.

"Es una tormenta en una taza de té", minimizó Deudero.

Asimismo, el regidor sugirió que parte del problema es que estos dos trabajadores no se habían adaptado al modo de trabajo del actual equipo de gobierno después de haber trabajado los últimos años con su predecesor al frente del departamento de Movilidad, el socialista Xisco Dalmau.

Todas las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a implantar zonas de bajas emisiones por mandato de la Unión Europea. El plazo terminó el 31 de diciembre de 2023, pero Palma pidió una prórroga de un año, hasta el 31 de diciembre de 2024. En caso de no cumplir ese calendario, perderá los 27 millones de euros de fondos europeos para financiar esta actuación.