Tapian con ladrillo y chapas de hierro las entradas de Son Busquets para dificultar el acceso a los okupas

El SEPES adjudicó un contrato menor para cerrar las entradas al recinto por valor de 12.000 euros

Desde la Asociació Veïnal Parc de ses Fonts-Conservatori confían en poder convertir la zona en un lugar «amable y respetuoso»

Así tapian las entradas de Son Busquets para dificultar el acceso a los okupas

DM

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

El polémico cuartel de Son Busquets, ubicado frente a la carretera de Valldemossa, en el barrio palmesano de Camp Redó, cierra sus puertas tras haber arrancado las obras de tapiado de sus principales entradas, en las que se han instalado chapas metálicas en las verjas y ladrillos en los principales portones de acceso.

Los conflictos generados por los okupas que se instalaron en el interior del cuartel han llevado al SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) a adjudicar un contrato menor por valor de 12.810€ -IVA excluido- con el objetivo de tapiar y reparar los accesos al recinto y, de este modo, clausurarlo. Urbia, empresa que también ha realizado varias actuaciones en Son Espases, está siendo la encargada de llevar a cabo las obras. 

En la línea de continuar el proceso de renovación de Son Busquets, que en un principio se destinará a la creación de un parque de vivienda social de unas 800 plazas, también están pendientes las licitaciones de dos contratos más; el primero, cuyo montante total asciende a 82.628,00€ -IVA excluido-, está destinado a la instalación de sistemas de vigilancia electrónicos (cámaras de seguridad y alarmas) cuyo objetivo será vigilar las entradas y salidas del recinto. El segundo, con un valor de 130.431,70€ -IVA excluido-, permitirá llevar a cabo las tareas de limpieza y desbrozamiento del interior del antiguo cuartel. 

«Seguiremos dando batalla»

Yolanda Rodríguez, presidenta de la Asociació Veïnal Parc de ses Fonts - Conservatori, asegura que los vecinos seguirán «dando batalla» para tratar de convertir la zona en un espacio «amable y sostenible». 

Además, Rodríguez explica que, aparte del parque de vivienda social que se plantea levantar en el antiguo cuartel, también reclaman el aprovechamiento del espacio para «mejorar la dotación de servicios» a través de la creación de nuevas zonas verdes, escoletas o centros de salud. 

La situación es «pésima» según el relato de la presidenta de la entidad, quien además recuerda que hace poco menos de dos semanas un padre encontró a su hijo fallecido en el interior del acuartelamiento y que, tras el suceso, «todo continuó igual». «Su vida no vale nada», lamenta Rodríguez. 

La posición de la Asociació es clara: «No queremos dejar pasar la oportunidad del antiguo acuartelamiento de Son Busquets para mitigar el gran problema de acceso a la vivienda asequible para trabajadores que padece nuestro barrio y Palma». 

Sin embargo, tal y como ya advirtieron en una entrevista concedida a este diario, se muestran reacios a la construcción de un parque de vivienda tan grande, alegando que la zona no está preparada para absorber tal cantidad de población. Se estima que se crearían 800 viviendas sociales, lo que supondría un aumento de la presión demográfica en un barrio en el que, según los vecinos, ya hay varios servicios desbordados. 

Uno de ellos es el centro de salud de Camp Redo, en el que algunos médicos ya aseguran que, en caso de construirse, se sobrepasará la capacidad asistencial del centro, que a día de hoy ya se ha visto superado en varias ocasiones. 

Aún así, estas actuaciones quedan todavía muy lejos, y se mantiene en el aire la posibilidad de que el Ayuntamiento adquiera en algún momento la propiedad.

El dilema sobre la ocupación del antiguo cuartel sigue en pie

Rodríguez asegura que en el interior de Son Busquets se llevan a cabo dos tipos de actividades delictivas: en primer lugar, el alquiler ilegal de habitaciones y, en segundo lugar, la venta de drogas. Asegura que se trata de una situación «muy grave» y reclama un medidas tras el fallecimiento del hombre en el interior del cuartel. 

Sin embargo, desde el SEPES, la empresa pública estatal encargada a día de hoy de la gestión y mantenimiento de los terrenos, apuntan que el recinto no está ocupado: «Con respecto a la noticia de la “mafia de okupas”, contactada la Policía Local, se realizó una inspección técnica donde no encontraron esas 20 personas que mencionan en la información. No obstante, garantizar que si existiera una ocupación, SEPES procedería a acudir a los cauces legales encargados de los problemas de ocupación, poniendo una denuncia inmediatamente».