Rectificar es de sabios (y de reyes, también)

Mucho se ha escrito sobre la polémica concesión del título de ‘Real’ a la denominada Acadèmi de sa Llengo Baléà, una entidad que me temo que tiene más de anticatalanista que de promotora de un verdadero conocimiento de la lengua que, de acuerdo con las autoridades científicas en la materia y tal como proclama el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears en su artículo 4º, es la catalana, propia del territorio y que además tiene, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial. Resulta ciertamente extraño que una entidad del prestigio y la entidad institucional de la Casa Real haya cometido lo que casi me atrevería a calificar de una frivolidad, si no fuera, insistamos en ello, por la relevancia del órgano en sí y especialmente por la de sus cabezas visibles, el rey de España Felipe VI y su esposa, la reina Letizia.

Dejando a un lado oportunismos políticos y otras circunstancias, cuesta creer que los asesores de la Casa Real hayan incurrido en semejante despropósito. He llegado a leer en su defensa cosas como que dichos asesores no tienen por qué saber que el mencionado Estatuto de Autonomía dice que el catalán es la lengua propia de las islas, como si el conocimiento -o el desconocimiento, en este caso- de una ley orgánica del Estado, cuyo máximo representante por definición es el Rey, fuera una cuestión menor o algo parecido. Recordemos lo que dice el artículo 56 de la Constitución al respecto, al abordar el capítulo dedicado a la Corona: El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones (...) y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. No estamos hablando, pues, de una figura cualquiera; simpatías o desafecciones aparte, su figura tiene una relevancia muy especial, y esa función de árbitro y moderador de las instituciones debería ser objeto de un escrupuloso celo a la hora de tomar todas y cada una de sus decisiones.

Por responsabilidad y sentido común, pues, estaría bien que S.M. el Rey rectificara en lo que respecta a ese como mínimo extraño y desconcertante reconocimiento por parte del órgano que representa. Supongamos que en Andalucía, por ejemplo, surgiera una Acaemia de la Lengua Seviyana (trato simplemente de reproducir el dialecto andaluz, con todo el respeto que me merecen las variedades dialectales de las diferentes lenguas del Estado español, una riqueza cultural y patrimonial que sin duda hay que preservar), ¿se atrevería la Casa Real a otorgar un título semejante a esa entidad o asociación? Pues algo muy parecido, por no decir idéntico, es lo que acaba de hacer con el catalán -consagrado normativamente, insistamos en ello- de nuestras islas, es decir, un flaco y desafortunado favor a la cultura y el conocimiento de nuestra idiosincrasia como pueblo integrante del Estado del cual es la máxima autoridad.

Y ya termino. No me mueve a escribir estas reflexiones ningún tipo de coyuntura política o social, incluida la reciente manifestación convocada por la OCB en defensa del catalán, a la cual acudí en todo caso ante tamaño desacierto por parte de la Casa Real. Pido a sus asesores, pues, que rectifiquen, que consulten a las autoridades académicas antes de tomar decisiones de este calibre, que lo único que hacen es alimentar la confrontación en temas como este de la denominación de nuestra lengua sobre el cual, salvo contadas e interesadas excepciones, existe un consenso prácticamente unánime.

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