Los jueces del decreto de vivienda del Govern

El Govern de Marga Prohens ha tenido el acierto de afrontar sin dilaciones el principal problema que sufre Baleares, el acceso a la vivienda, un obstáculo estructural y de resolución complejísima que afecta a todos los municipios sin excepción y que se agrava cada año que pasa al ritmo del empobrecimiento de las clases medias y de la exclusión social de los ciudadanos más desfavorecidos.

 Su primera medida es un decreto ley de medidas extraordinarias que tiene el objetivo de llenar el mercado de nuevas viviendas a precio limitado en régimen de alquiler o venta, con un plazo de dos años para obtener las nuevas licencias de obras y tres para ejecutar los inmuebles que promueve en suelo urbano.

La contrapartida y el principal peligro es que la mayoría de estas medidas van en contra de la normativa urbanística actual y su planificación. Y que convierte a los Ayuntamientos en los responsables y jueces últimos de su aplicación, de decidir si aplican las medidas del decreto, las limitan solo a algunos barrios o las rechazan. Hablamos de cambios de usos, de turístico a residencial, de comercial a residencial, de aumentos en alturas de inmuebles plurifamiliares o unifamiliares, estén catalogados o no, de división de viviendas ya existentes para alumbrar otras y de construir pisos en solares de equipamientos. La disciplina urbanística municipal resultará fundamental para evitar desastres, nuevos edificios Pullman. Difícil misión para unas áreas sobresaturadas que muchas veces son incapaces de comprobar si lo que se construye es la aprobado o no.

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