Opinión
Un beach club en la muralla de Palma

Imagen del restaurante beach club del museo Es Baluard de Palma / Manu Mielniezuk
Las denuncias de ARCA han servido esta semana para paralizar las avanzadas obras de construcción del nuevo restaurante beach club del museo es Baluard, en la muralla renacentista de Palma, catalogada con el máximo nivel de protección patrimonial. En ese privilegiado balcón sobre el Passeig Sagrera y con vistas al puerto, uno de los doce baluartes con los que llegó a contar el denominado quinto recinto amurallado de Palma, se estaba construyendo una estructura fija con tarimas de hormigón, muros de ladrillo, instalaciones de agua, luz y electricidad, y hasta un espejo de agua decorativo. Un conjunto que apenas deja un paso libre de metro y medio frente a la muralla.
El nuevo restaurante del museo, que sustituye al antiguo, de estructura móvil, no ha surgido por generación espontánea. La empresa de restauración adjudicataria ganó un concurso convocado en 2021 por la Fundación es Baluard, entidad participada por el Govern, el Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma. Presentó un proyecto que pasó el filtro de Cort durante la pasada legislatura y el de las dos ponencias de Patrimonio del Consell. Y tras la firma del contrato en 2022, empezó a construir. Y no ha sido un técnico de urbanismo de Cort en un control de obras quien ha descubierto lo que se estaba levantado sobre la misma muralla. Sin la voz de alarma de ARCA los trabajos seguramente hubieran continuado hasta su finalización. Pese a que la Ley de Patrimonio de Balears deja meridianamente claro en dos artículos que en los bienes de interés cultural "se prohíbe la instalación de elementos e instalaciones que supongan una ruptura de la estructura o composición de la fachada", subrayando después la necesidad de que los añadidos tengan "las dimensiones mínimas técnicamente viables" para que "no perjudiquen la imagen del inmueble o alteren gravemente su contemplación". Es decir, todo aquello que incumple el futuro beach club aprobado por las instituciones. ¿Quién protege, entonces, al ciudadano de los desmanes de la administración?
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