Cambio de rumbo en la política turística

El primer encuentro formal entre el Govern, el Consell y la cúpula de la patronal hotelera se ha saldado con una impresión de optimismo y satisfacción, tanto por la parte institucional como empresarial. Se considera un éxito porque tuvo la capacidad de reunir a «hoteleros históricos» y, en expresión del conseller autonómico del ramo, Jaume Bauzá, la voluntad de «ir de la mano» en las políticas y la normativa turística que se desarrolle a partir de ahora. Es una actitud que plasma un cambio de rumbo claro con respecto a la gestión del primer sector de Balears desplegada por el Govern Armengol, un encuentro inicial en el que han abundado las generalidades y las intenciones que deberán ser pulidas y concretadas, pero que también plantea toda una serie de interrogantes porque, tanto el Govern como el Consell, parecen decantarse de forma preferente por atender las ambiciones de la parte empresarial dejando en posiciones inferiores las necesidades y aspiraciones de otros sectores dependientes o vinculados a la principal industria motora de la economía de las islas y que, en distinto grado, llegan a ser todos, sin excepción. Por lo demás, este entente reconocido entre las administraciones y los hoteleros parece no poner reparos al expansionismo y a la pérdida de recursos naturales y medioambientales, lo cual hoy, de no aplicarse medidas correctoras, en un territorio limitado y con recursos a la baja, puede ir claramente en contra de la calidad de los servicios turísticos y del bienestar de la sociedad balear.

«Venimos a reformar lo que no funciona» ha dicho el conseller Bauzá. Principio irreprochable. Esta es la tarea fundamental de los ejecutivos autonómico e insular, pero deben hacerlo con criterios racionales y realistas. Estas deben ser las bases de las reformas de la ley de Turismo y del decreto de excesos que pregonan y que los hoteleros demandan. La calificación de la saturación como algo parcial y momentáneo hecha por el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez Díaz, sobre quien pesan la mayoría de competencias, no parece ir en esta dirección, al igual que la posible apertura a la llegada de más cruceros, insinuada para 2025. Los efectos de esta expansión, de producirse, deben ser contemplados más allá de lo estrictamente comercial.

Por otra parte, los avances conseguidos por las kellys en la etapa anterior, en cuanto a derechos y salud laboral, tienden a devaluarse ahora hacia una posición de buena voluntad alejada de la obligación legal. Las afectadas ya se han dado por aludidas y han anunciado que estarán al tanto y velarán por el mantenimiento de lo logrado. Una reforma de la normativa turística no puede incorporar la pérdida de derechos ni abocar a la conflictividad laboral y social. Son aspectos a tener en cuenta en la modificación que se emprende ahora.