El juicio de las víctimas

Todos, menos el tribunal, son víctimas en el juicio contra el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías nacionales. Todos son heridos, agraviados que buscan venganza, reparación o bálsamo para sus traumas.

Es la vista oral más importante y complicada a la que se ha enfrentado la Justicia balear en décadas. Algunos, medios de comunicación incluidos, desean un castigo ejemplar para los investigadores del caso Cursach. Otros se conformarían con la absolución de los acusados, que, profesionalmente, han quedado anulados, machacados.

Enumerar la lista de damnificados sería eterno. Es tarea de la sala. No obstante, vamos a mencionar a algunos.

Primero quiero citar a Teófilo Gijón, hermano del dirigente del PP Álvaro Gijón, y a Pedro Torres, un ingeniero municipal al que este drama le ha costado un envejecimiento prematuro. Ambos son abogados y ejercen la acusación particular. Las vueltas que da la vida.

Cuando en Mallorca empezaron las operaciones anticorrupción nos dimos cuenta de que el sistema es duro con los delincuentes. Detenciones que se prolongan tres días; calabozos inmundos; registros domiciliarios; comida basura; interrogatorios a cara de perro; desorientación; miedo, mucho terror. Eso lo sufrieron los imputados en el caso ORA, como los de todas las operaciones similares que se efectuaron en esos años.

Ahora se juzga a un grupo de perseguidores de aquellas supuestas tramas. Hicieron lo mismo que otros equipos anticorrupción, pero con más saña e impericia. También les perdió la tontería, quizás chulería, de volcar en un chat aquel clima de prepotente camaradería con la que efectuaban su trabajo.

El instructor de esta causa, Carlos Gómez, concluyó que esos mensajes, al margen de su ordinariez, no corrompieron el curso de las pesquisas. Otros opinan lo contrario. Habrá que ver si la sala de lo Penal admite como prueba aquel foro.

No quiero olvidarme de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, hoy testigos. Son también lesionados por aquellos despropósitos. Se vulneró su derecho a recibir y transmitir información libremente. El juez Miguel Florit, un magistrado honrado, ha pagado caro aquel error.

El juicio ha revelado las luchas intestinas, facciones y guerras cruentas en el seno de la Jefatura Superior de Balears. La Policía Nacional está sufriendo un serio deterioro de imagen, tanto por la parte de los encausados, como por el lado de los funcionarios que los investigaron. El ministerio público padece idéntico mal.

Un protagonista destacadísimo es el fiscal anticorrupción Tomás Herranz. También es otro afectado porque ha sido objeto de denuncias y ataques.

No dudo de que sea buena persona y mejor profesional. La pena es que ha aterrizado en la isla como un inquisidor, llegado de la Península para, con mano dura, corregir a herejes que no lo son tanto. Herranz ignora muchas cosas nuestras. Eso le pierde.

En la vista oral hay enorme tensión. «No discutan», amonesta el presidente del tribunal, Antonio Capó, a las partes cuando sacan las navajas.

«Eso se valorará (a la hora de dictar sentencia)», añade el veterano magistrado. Diego Gómez-Reino y Felisa Vidal son los otros dos jueces encargados de poner luz en esta oscura (sangrienta) historia. Para mí no hay delito.

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