El desparpajo de un autócrata populista

Sánchez presentó el pasado martes las últimas medidas económicas para paliar los efectos de la delicada situación económica. Unas, la supresión del IVA a los productos alimenticios básicos excepto a la carne y al pescado (lo que ha provocado el descontento en pescaderías y carnicerías), que tienen, además de contribuir en alguna medida a frenar el precio de la bolsa de la compra, la condición de ser antiinflacionarias. Otras, como la eliminación de la subvención al precio de gasolina y al diésel para el público en general manteniéndola sólo para profesionales del transporte, pesca y agricultores, cumple con el objetivo de focalizar las ayudas en los sectores económicos más vulnerables al desmesurado precio de la energía y dejar de subvencionar indiscriminadamente a colectivos con suficiente capacidad de compra y el propio consumo. La gratuidad del transporte público en Baleares y Canarias; la prórroga de la misma para los menores de treinta años; la de los abonos de Renfe para cercanías y rodalías; y la bonificación del transporte interurbano del 30% condicionado a la aportación autonómica del 20% (tildada de chantaje por Lambán) y el cheque de 200 euros favorecen a las rentas más bajas, acaban de configurar el cuadro de medidas a los más vulnerables a los efectos de la inflación.

El PP ya ha manifestado su apoyo al decreto-ley entre otras razones porque son las medidas que reclamaban hace más de seis meses. Unas, como la supresión del IVA a los alimentos básicos, porque al incidir negativamente en los ingresos del Estado combaten la inflación. Las otras, las ayudas a los más vulnerables y clases medias bajas, porque, tras el incremento de los ingresos del Estado en 2022, por el incremento de precios por la inflación y la no deflactación del IRPF, en una cuantía de 33.000 millones de euros, era el momento para destinar este brutal aumento de la recaudación a los sectores más necesitados de la población. El PP ha proclamado su apoyo en base a que el decreto responde, aunque tarde, a sus propias demandas, no se entendería su oposición. Todas esas medidas habían sido descartadas por el Gobierno incluso en fecha tan cercana como setiembre. Tanto Sánchez, como María Jesús Montero, como Yolanda Díaz, se habían opuesto de forma radical a la bajada de impuestos y acusaban a la derecha de hacer populismo fiscal. Es evidente el motivo del cambio de parecer. Si en una fecha tan alejada como junio o julio se hubiera procedido a esa eliminación impositiva, se hubiera facilitado a las clases medias y trabajadoras un precio menor en la bolsa de la compra, pero no se habría procedido a incrementar la recaudación del Estado por el IVA; como consecuencia directa el Gobierno de Sánchez no habría tenido la oportunidad de regar con dinero público al electorado unos meses antes de las elecciones autonómicas y locales. Si antes atacaba al PP por pedir la rebaja impositiva, ahora la celebra pasando de puntillas sobre sus propios argumentos ideológicos. No hay argumentos ideológicos; se trata sólo de lucha de poder.

Sánchez decía a principios de verano que iría «a por todas». Y así ha sido, sin importarle los virajes ideológicos, ni el desarme del Estado derogando el delito de sedición y rebajando las penas por la malversación, ni retorciendo ilegalmente la Constitución con la introducción de sus enmiendas cambiando las leyes del TC y del CGPJ que han sido anuladas por el TC. La elección de los dos magistrados para el TC, María Luisa Segoviano y César Tolosa, desarma las prisas de Sánchez, curiosamente después del mensaje del Rey (sea o no la causa), que, se sea monárquico o no, aparece como el actor más sensato del sistema político alertando sobre la erosión de las instituciones. Nunca se había visto una determinación tan enconada como la de Sánchez para conseguir mantener el poder apelando a todo tipo de medidas orientadas a ganarse el voto de los ciudadanos y a poner bajo estrés a todas las instituciones del Estado para mantener el apoyo de sus aliados como ERC o EH Bildu. No ha dudado en aprobar leyes problemáticas cuestionadas desde el mismo interior del PSOE como la ley del sólo sí es sí o la ley trans que ya están teniendo efectos deletéreos con la liberación o reducción de penas a los violadores y consecuencias irreversibles entre adolescentes. No deja de ser una contradicción absoluta que la persona que consiguió acceder al poder gracias a una moción de censura contra Rajoy blandiendo una sentencia contra la corrupción, sea la misma que, reduciendo las penas por malversación, esté de hecho posibilitando que la corrupción sea un delito menos penado y, por tanto, más facilitado por quienes de la lucha contra el mismo habían hecho bandera.

En la presentación de las medidas económicas anunciadas, Sánchez ha hecho una vez más muestra de su ausencia de escrúpulos. Se permitió decir con absoluto desparpajo que ésas eran medidas adoptadas por un gobierno progresista que no hubieran sido adoptadas por un hipotético gobierno de derecha y ultraderecha. Miente sin ningún rubor desde que actúa en el espacio público. Lo grave en esta ocasión no es la mentira, sino la calificación, en una declaración institucional, al Gobierno del Estado como un «gobierno progresista» frente a una «oposición de derechas» que no las habría tomado. Sánchez no fue elegido presidente de los electores de izquierda o progresista, fue elegido presidente de un gobierno de todos los ciudadanos. Su enconada obsesión divisiva entre los buenos (él) y los malos (la derecha, la ultraderecha, los bancos, los ricos, las energéticas, los poderes oscuros) con la que aspira a ganar las elecciones, no respeta ni la verdad ni la realidad de la sociedad española. Su ambición desaforada no respeta siquiera la obligada contención discursiva de un presidente del Gobierno, que no puede metamorfosearse en oposición de la oposición. Sin oposición no hay democracia y, por lo tanto, no pueden confundirse sus papeles respectivos. Su ambición de yonqui del poder es incompatible con la existencia de otros poderes del Estado; aspira en idéntica sintonía con las maneras del populismo a controlarlos, directa o indirectamente a todos. Sánchez es un peligro para el Estado como no se han recatado en reconocer socialistas de cuando Felipe González. ¡Feliz año a todos!

Suscríbete para seguir leyendo