La ciudadanía no gana para sobresaltos y decepciones en relación a algunos elementos de la Policía Local de Palma. Tras la sucesión de escándalos y corrupciones que ha protagonizado un sector del colectivo, con agentes y mandos separados del servicio y procesador por vínculos con tramas vinculadas a los Ángeles del Infierno, Cursach o al acoso a una compañera y ahora concejala de Justicia Social, Feminismo y LGTBI en Palma, Sonia Vivas, lo esperado era una decidida etapa de renovación y reorganización para acentuar la profesionalidad del cuerpo y recobrar la confianza de la ciudadanía. Por desgracia, ese ansiado horizonte no se acaba de alcanzar.

La noche del martes, policías con condenas firmes y acceso prohibido al cuartel de Sant Ferran fueron grabados por las cámaras de seguridad accediendo a las instalaciones para celebrar una fiesta en el bar del acuartelamiento que superó la hora del toque de queda. En plena pandemia, en casa de los que sancionan a ciudadanos y negocios por saltarse las restricciones, algunos relajan el comportamiento que les obliga a mantener una estricta separación en grupos burbuja, diseñada para evitar contagios y garantizar la continuidad del servicio.

Trascendió primero que se celebraba la próxima jubilación de un compañero, Pedro Puigrós. Tras constatarse que esa retirada no se producirá hasta dentro de tres meses, la investigación interna sopesa otro posible motivo: un homenaje a un agente con inminente ingreso en la cárcel. Las cámaras han acreditado la presencia de su hermano Rafel Puigrós, agente condenado a tres años y cinco meses de prisión por coacciones, denuncias falsas y falso testimonio contra Sonia Vivas. Aportó cocas y otras viandas al encuentro, en el que coincidió con Alberto Juan Llaneras, también apartado del servicio y condenado por el mismo caso. Junto a ellos, se ha situado a Carlos Vallecillo, quien cumplió condena por torturas a un detenido en 2011. Esa noche, la responsable de incidencias era otra Puigrós, hermana de Pedro y Rafel, y el mando estaba en manos de Carlos Tomás, aspirante a Mayor de la Policía Local, para quien el Fiscal pide 14 años de condena por casos de corrupción.

Los hechos, la condición de sus protagonistas y los vínculos que tiene entre sí acreditan por sí mismos la gravedad de los hechos y transmiten un mensaje nada alentador. Queda patente que el cuartel de Sant Ferran y, por extensión, de la Policía Local, navega sobre un descontrol que aprovechan algunos para mantener su particular coto de intereses, la falta de escrúpulos, conveniencias o simples caprichos y comodidades personales.

Es así, en buena parte, porque los sucesivos responsables municipales han pasado de puntillas ante situaciones y comportamientos fuera de toda regla. El exalcalde Mateo Isern reconoció al final de su mandato, hace por tanto más de un lustro, que la Policía Local era el principal problema de Cort. La actual concejala de Seguridad Ciudadana, Joana Adrover, admitió la entrada de «personas extrañas» al recinto, pero, en un intento equivocado de evitar nuevas tensiones, cuestionó que se tratara de una fiesta. El alcalde, José Hila, se reconoce desinformado y se reserva cualquier pronunciamiento para más adelante.

Resulta imprescindible aclarar al máximo lo ocurrido para depurar responsabilidades, incluidas las políticas. Debe ser así por varios motivos, primero porque la ciudadanía necesita depositar su confianza en una Policía Local profesional y honesta. También, porque la impunidad ante conductas inapropiadas de un determinado sector policial daña la imagen del cuerpo en su conjunto y desalienta a la inmensa mayoría de agentes que cumplen con rigor su cometido. El ayuntamiento de Palma está a tiempo de tomar el control sobre un asunto demasiado enquistado y de consecuencias devastadoras para una sociedad democrática.