La regulación de los agentes inmobiliarios de Baleares será una realidad previsiblemente en abril

El director general de Vivienda y Arquitectura del Govern balear, José Francisco Reynés, ha anunciado este viernes que el mes que viene se prevé aprobar la modificación de la ley de vivienda, que incluye esta enmienda para conseguir así "que los piratas que se infiltran en la profesión o desaparezcan o se regularicen"

José Miguel Artieda y José Francisco Reynés (ambos en el centro), este viernes durante la jornada inmobiliaria.

José Miguel Artieda y José Francisco Reynés (ambos en el centro), este viernes durante la jornada inmobiliaria. / Nair Cuéllar

Nair Cuéllar

Nair Cuéllar

La regulación de los agentes inmobiliarios de Baleares, que tanto demandaba el sector desde hace años, será una realidad previsiblemente en abril. Así lo ha anunciado este viernes el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern balear, José Francisco Reynés, durante la IV Jornada Inmobiliaria en Mallorca, donde ha matizado que el mes que viene se prevé aprobar la modificación de la ley de vivienda, que incluye una enmienda para conseguir así "que los piratas que se infiltran en la profesión, o desaparezcan o se regularicen".

"Es una novedad en cuanto a la regulación de la actividad profesional inmobiliaria que incluirá deberes y derechos", ha señalado Reynés, que ha destacado además que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad creará un registro para llevar a cabo esta regulación que ayudará a los profesionales "a operar con más tranquilidad y seguridad".

El anuncio del director general de Vivienda ha desatado los aplausos entre los allí presentes y ha contado con el agradecimiento directo del presidente del Colegio y de la Asociación API Baleares, José Miguel Artieda, que ha querido destacar la importancia de esta regulación, que, -ha dicho- "marca un antes y un después", aunque ha querido recordar que también implica "responsabilidades y obligaciones" a los profesionales gracias a las cuales "demostraremos que somos ejemplares", ha dicho.

Aunque Artieda ha recordado que la regulación todavía se encuentra en fase parlamentaria, ha señalado que "está prácticamente consensuada" y ha agradecido a Reynés el trabajo del Govern para conseguirlo. "Ha sido un trabajo muy difícil y muy valiente, porque llevamos en ello desde hace siete años", ha explicado. "Han pasado tres presidentes, yo soy el tercero, cuatro consellers y cuatro directores para que se llegue a esta realidad", ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que hace unos meses el Consell Consultiu hizo un "informe demoledor que dejaba sesgado el proyecto", tras lo cual la intención era que la aprobación de la modificación de la ley de vivienda propiciase el escenario adecuado para rehacer el proyecto de decreto y que este estuviera lo más blindado posible de cara a posibles injerencias judiciales, justificando al máximo su urgencia y el interés general.

"Justo cambia el Govern, que quiere abordar el tema de la vivienda, un problema capital que afecta a todos, se aprueba el decreto de medidas urgentes y tras ello se comprometen a activar el tema de la regulación y a ir un paso más allá y a convertirlo por completo en obligatorio, lo que beneficia al ciudadanos en garantía, calidad, seguridad y transparencia", ha finalizado su agradecimiento Artieda.

Reynés ha sido modesto y ha querdido matizar que esta enmienda de regulación de la actividad "es fruto del consenso de partidos", y además ha querido recordar que "el Govern anterior fue el que llevó el decreto adelante y solo hemos aprovechado el trabajo hecho por ellos".

Proyecto de decreto

La conselleria de Movilidad y Vivienda presentó en 2022 el proyecto de decreto para la regulación de la actividad inmobiliaria, con el fin de evitar la oferta ilegal, el intrusismo y la competencia desleal. El proyecto de decreto establecía que todos los agentes inmobiliarios tendrían que presentar una declaración responsable para poder ejercer en Baleares, en la que debían manifestar que cumplían con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que disponían de la documentación que lo acreditaba y que se comprometían a su cumplimiento durante el ejercicio de la actividad.

Se establecía que si esta declaración responsable obligatoria no se presentaba o no cumplía con las exigencias legales, la conselleria abriría al agente en cuestión un expediente disciplinario por intrusismo, oferta ilegal y competencia desleal que supondría una sanción.

La normativa establecía la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil por parte de los agentes de la propiedad inmobiliaria para cubrir los perjuicios que pudieran causar en el ejercicio de su actividad, con un capital mínimo de 100.000 euros por siniestro y 600.000 euros por año.

Falta de mano de obra esta temporada

El presidente de la Pequeña y Mediana Empresa (PIMEM), Jordi Mora, también ha estado presente durante la jornada, en la que ha hecho hincapié en la importancia de la falta de mano de obra en las islas. Así, ha señalado que el sector de la vivienda siempre ha sido "estratégico", pero que ahora lo es aún más porque "está afectando a la actividad económica".

"No hay capacidad de importar mano de obra por una falta de vivienda y la capacidad de empresarios para asumir estos sobrecostes es muy limitada", ha puntualizado, por ello ha remarcado la necesidad de "soluciones también estratégicas" ya que, ha concluido, "ya podemos avanzar que esta próxima temporada turística habrá muchos problemas para poder encontrar profesionales en el sector" debido al problema de la vivienda.