La reclamación de Armengol de 2,6 millones por las mascarillas alarmó a la trama de Koldo

El exasesor de José Luis Ábalos trató de persuadir a Francina Armengol para que desistiera de solicitar la compensación

La empresa tenía problemas de liquidez y temía las consecuencias que podría tener una demanda del Govern

José Luis Ábalos, en primer plano, y Koldo García, en 2019.

José Luis Ábalos, en primer plano, y Koldo García, en 2019. / EFE

Guillem Porcel

Guillem Porcel

La presunta trama de corrupción conocida como ‘caso Mascarillas’ salpica directamente a Baleares. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acredita en su auto, al que ha tenido acceso DIARIO de MALLORCA, que Koldo García, el principal acusado y exasesor del ministro de Fomento José Luis Ábalos utilizó su poder e influencia para intentar que el Govern de Francina Armengol no reclamara los 2,6 millones de euros por las mascarillas supuestamente fraudulentas que había comprado a través de la empresa Soluciones de Gestión: «Se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión en el contexto de la reclamación dimanante de la Administración balear, a fin de que esta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular».

A pesar de todas estas maniobras, el Servicio de Salud de Baleares hizo caso omiso y acabó interponiendo el recurso, si bien esperó hasta la investidura de Marga Prohens, el 6 de julio del año pasado, para hacerlo.

El juez detalla que la reclamación de la Administración balear a Soluciones y Gestiones de casi tres millones de euros «debido a una cuestión relativa al estado» de las mascarillas [...] «ha sido la segunda circunstancia que ha propiciado distintos encuentros entre Koldo y Cuento [Juan Carlos Cueto, titular de Soluciones de Gestión, SL]». El magistrado constata que, a raíz de la posibilidad de que la trama se enfrentar a una reclamación millonaria, los dos principales implicados se reunieron en varias ocasiones para evitar por todos los medios que la demanda del Govern de Francina Armengol saliera adelante.

Asimismo, señala que «pocos días antes de la fecha límite se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto, por lo que puede colegirse que podría haberse producido la caducidad de la reclamación y, por lo tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto». No obstante, en aquel momento ya estaba asentado el Govern de Prohens, por lo que Koldo no tendría vías de comunicación directas con el equipo de la presidenta.

Problemas económicos

Cuando se produce oficialmente la reclamación millonaria, la preocupación de los implicados se torna mayúscula y deciden buscar un plan alternativo. Cueto, propietario de la empresa, «da instrucciones para que se prepare una reestructuración de Soluciones de Gestión debido al impacto económico que produciría tener que atender» a la reclamación del Govern y, además, solicita que «vayan preparando una futura demanda ante el contencioso administrativo con la administración balear». Incluso se detalla que la empresa tenía problemas económicos en aquellos momentos: «Cueto volvió a pedir ayuda económica a José Ángel Escorial Senante para solucionar el tema de la liquidez, solicitándole que aportase la cantidad de 100.000 euros».

En la cronología de los hechos, el juez constata la existencia de una serie de comunicaciones entre Cueto y Bárbara Díaz, otra de las implicadas perteneciente a la empresa Gestión de Soluciones, de las que se interfiere que la resolución dictada sobre la reclamación establece por una parte que «si la Administración balear en el plazo de tres meses ―fecha límite el 18 de enero del 2024― no se ha pronunciado expresamente, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo, y por ende, la reclamación de casi tres millones de euros». Esto supone que si el Govern de Marga Prohens no ha seguido con la demanda dentro del periodo establecido, Baleares habrá perdido todo el dinero. Preguntados por esta cuestión, desde el Servicio de Salud no aclaran si se siguió con la reclamación antes de que venciera el plazo legal o si se ha hecho posteriormente.

La reclamación del actual Govern

El portavoz del Govern, Antoni Costa, hizo pública ayer la carta que remitió Soluciones de Gestión al ex director general del IB-Salut Manuel Palomino cuando rechazaron la devolución de los 2,6 millones de euros tras la primera petición del Pacto: «Dicho material fue aceptado por ustedes dando conformidad a la mercancía recibida, firmada en acta de recepción». En la misiva aseguran que el suministro «correspondió a lo ofertado y comunicado en fecha 25 de abril de 2020» y defienden que las mascarillas suministradas KN95 lo eran «conforme a lo convenido por ambas partes y cumplían perfectamente con los requisitos administrativos aplicables».

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, en cambio, apunta directamente a la actual presidenta del Govern por no seguir con la reclamación de las cantidades por la diferencia de precio entre una mascarilla FFP2 y una quirúrgica a pesar de que la exdirectora de Gestión del IB-Salut comunicó la existencia de este expediente en el traspaso de carteras: «Lo que nos preocupa es si Prohens ha continuado con nuestro trabajo y han seguido con la resolución del expediente de reclamación. Se utilizó el procedimiento administrativo como se hace en otras ocasiones y es el PP quien tiene el deber de reclamar y finalizar el expediente que se le dejó perfectamente trabajado para que se pueda ejecutar la devolución de 2,6 millones de euros de mascarillas una vez acabada la pandemia».