El PSOE balear dice que impidió que prescribiera la reclamación a la empresa de las mascarillas

El PSIB ha defendido este viernes que fue la gestión del anterior equipo del IbSalut la que impidió que prescribiera la reclamación a la empresa Soluciones de Gestión por la compra de mascarillas de calidad inferior a la esperada.

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela -que fue portavoz del Govern en la pasada legislatura-, ha acusado al vicepresidente, Antoni Costa, de "utilizar" el Consolat de Mar "para lanzar insidias, ataques y mentiras" por sus declaraciones al respecto.

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Negueruela ha reiterado que las compras de material sanitario durante la pandemia se hicieron en un momento de emergencia y extrema dificultad, en el que "se presentaban distintos tipos de ofertas y canales que terminaban en el IbSalut, que era quien hacía todas las contrataciones y quienes las verificaba".

Según ha indicado el PSIB en un comunicado, una vez hechas todas las contrataciones de emergencia "para tener todo el material posible para salvar el máximo número de vidas", eran verificadas a posteriori por la intervención de la Comunidad Autónoma, "como también ha ocurrido con el contrato cuestionado, y del que no se encontró ningún indicio de irregularidad, tampoco por parte de la Oficina Anticorrupción".

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La Fiscalía Anticorrupción cree que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, habría ejercido influencia en beneficio de la empresa con el objetivo de que la reclamación del Govern balear no prosperara.

Para el PSIB, las supuestas presiones "caen por su propio peso como argumento por el hecho de que esa reclamación se hizo". Así, los socialistas inciden en que fue el Govern anterior quien empezó la reclamación de las cantidades por la diferencia de precio entre una mascarilla FFP2 y una quirúrgica.

Los socialistas han recalcado que hasta que se formuló la reclamación se almacenó el material sanitario "porque la pandemia continuaba y la Organización Mundial de la Salud pedía que todo el material disponible se almacenara hasta que durara la crisis sanitaria".

Por ello, hacia el final de la pandemia, el 20 de marzo, el director del IBSalut, Manuel Palomino, dirigió un apercibimiento a la empresa anunciando medidas. El PSIB afirma que ese escrito fue "una primera reclamación de las cantidades" y que vino precedida de "un trabajo de meses iniciado en 2022 y que termina en julio de 2023", que es cuando se firma la propuesta de inicio de resolución, el mismo día de la investidura de Marga Prohens.

"Todo ello, por tanto, se hace con el Govern anterior", han subrayado desde el PSIB, asegurando así que "fue el equipo anterior del IBSalut el que interrumpe la prescripción del expediente y el que hace todo el trabajo".

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Por ello, Negueruela ha reclamado al Govern que muestre todo el expediente y "que no lance a los medios sólo una parte del mismo" con "insinuaciones". El diputado ha expresado que quieren conocer si el Govern de Prohens ha continuado con la resolución del expediente de reclamación.

Según matizan desde el PSIB, el tiempo para resolver los expedientes de contratación, como en las subvenciones, es amplio. Como ejemplo, ha recordado que de los 855 millones de euros en ayudas a empresas de 2021, los expedientes de devolución se están haciendo entre el año pasado y este año, prácticamente tres años después.

"Se utilizó el procedimiento administrativo como se hace en otras ocasiones y es el PP quien tiene el deber de reclamar y finalizar el expediente que se le dejó perfectamente trabajado para que se pueda ejecutar la devolución de 2,6 millones de euros de mascarillas una vez terminada la pandemia", ha concluido Negueruela.

Encuentros entre los investigados a cuenta de la reclamación del Govern

En un auto dentro de la trama que investiga presuntas mordidas en contratos de pandemia, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno recoge de forma pormenorizada el relato de la querella de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la investigación ha constatado que, a cuenta de esta reclamación de Baleares hubo varios encuentros entre Koldo García y Juan Carlos Cueto, a quien se señala como "la persona que realmente controla" Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, integrada en el grupo Cueto, aunque figura como propiedad de Íñigo Rotaeche.

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Al respecto, la Fiscalía recoge que "se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión en el contexto de la reclamación dimanante de la administración balear, a fin de que ésta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular".

El auto menciona comunicaciones entre Cueto, Rotaeche y una tercera persona, de las que "se infiere que si la administración balear en el plazo de tres meses" --con fecha límite el 18 de enero de 2024-- no se pronunciaba expresamente, "se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamación de casi tres millones de euros".

El Govern pagó 3'7 millones a la empresa y reclamó 2,6 después

En detalle, el Govern de Francina Armengol realizó un contrato de emergencia por valor de 3,7 millones de euros en abril de 2020 a Soluciones de Gestión, y después le reclamó formalmente 2,6 millones de euros a través de una propuesta de resolución firmada el mismo día en el que Marga Prohens era investida presidenta.

Fue la empresa quien contactó con el IbSalut avisando de que habían fletado un avión repleto de mascarillas y ofreciéndose a encargarse del transporte hasta Palma si el Govern estaba interesado. El IbSalut tendría que hacerse cargo del gasto del flete y del seguro de transporte desde Madrid hasta Palma.

Tras revisar la documentación técnica y que el precio fuera ajustado a lo que se estaba pagando en aquel momento, se hizo el encargo para la adquisición de casi 1,5 millones de mascarillas FFP2, un precio de 2,5 euros por unidad. Esta contratación se realizó mediante un informe justificativo de la necesidad de tramitación de emergencia.

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El Govern recibió las mascarillas el 29 de abril de 2020 y los análisis de calidad se hicieron entre el 25 de mayo y el 8 de junio. Tras recibir los resultados el IbSalut retiró las mascarillas al comprobar que no reunían los requisitos de una FFP2, y las mantuvo almacenadas en caso de necesidad.

Ya en marzo de 2023, al final de la segunda legislatura de Armengol, el entonces director general del Servicio de Salud (IbSalut), Manuel Palomino, dirigió un apercibimiento a la empresa informando de que por la calidad de las mascarillas se tomarían las "medidas oportunas con el fin de resarcir" al IbSalut. En aquel escrito no se cifraba económicamente el importe.

Aquellas gestiones culminaron en un expediente de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato, cuya propuesta de inicio fue firmada el 6 de julio de 2023, el día de la investidura de Prohens, por el subdirector de la Central de Compras y Logística, con una reclamación de 2,6 millones de euros.

En el informe del subdirector de Compras se explica que no se pudo reclamar antes porque la pandemia no había finalizado -la Organización Mundial de la Salud declaró su fin en mayo de 2023-. En esta propuesta de inicio se calcula el importe de la indemnización por la diferencia del coste por unidad respecto a una mascarilla quirúrgica.