El Pacto no actuó hasta un año después de la alerta de la Guardia Civil sobre las mascarillas

El Govern del Pacto tardó un año en reaccionar ante las claras sospechas de irregularidades que pesaban sobre la empresa vinculada al exasesor del exministro José Luis Ábalos, a la que compró 1,4 millones de mascarillas en mayo de 2020 por importe de 3,7 millones de euros. A raíz del caso de la detención de Koldo García, el citado exasesor, ha trascendido ahora que ya en julio de 2022 la Guardia Civil solicitó al Servei de Salut (IB-Salut) una copia del expediente de compra de las mascarillas que resultaron ser fraudulentas, por haber detectado posibles estafas por parte de la misma empresa en otras Comunidades autónomas.

La visita y el requerimiento de la Guardia Civil, a instancias de la Audiencia Nacional, debería haber puesto en aviso al anterior Ejecutivo de Francina Armengol, que sin embargo no advirtió a la empresa en la picota de que tomaría «las medidas oportunas» para reclamar el sobrecoste de los cubrebocas de 2,6 millones de euros hasta un año después. Esperó a marzo de 2023 para comunicar que se iba a «proceder a tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud»,. y no inició formalmente la tramitación de la reclamación hasta el 6 de julio del mismo año, justo el día en que se produjo la investidura de Marga Prohens.

El PP balear hizo ayer hincapié en el hecho de que el anterior Ejecutivo no reclamó la devolución de 2,6 millones que considera un sobrecoste hasta después de perder las elecciones autonómicas del pasado mayo. «Reclamaron el dinero tres años y medio después de haber adquirido estas mascarillas defectuosas, cuando ya sabían que habían perdido las elecciones y que por tanto abandonarían el Govern. Nos preguntamos qué hubiera pasado si hubieran continuado en el Ejecutivo, las informaciones llevan a pensar que no hubieran reclamado este dinero», denunció el portavoz de los populares, Sebastià Sagreras.

El PP denuncia que Armengol no reclamó el dinero de las mascarillas fraudulentas hasta después de perder las elecciones

En el caso del Partido Socialista, el portavoz Iago Negueruela acusó tanto a Sagreras como a la presidenta Marga Prohens de mentir de forma deliberada: «El 20 de marzo de 2023 el director general del IB-Salut reclamó por escrito a través de un expediente que la empresa devolviera el dinero, no en julio como ha defendido de manera infame Prohens y el portavoz del PP».

Cuestionado sobre por qué pidieron el sobrecoste tres años y medio después de firmar el contrato, Negueruela argumentó que en aquel momento todas las autoridades sanitarias recomendaron a las Comunidades guardar todo tipo de material sanitario por si era necesario, incluidas dichas mascarillas quirúrgicas.

Negueruela confirmó que el ofrecimiento de esta contratación de cubrebocas por valor de 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., una de las empresas vinculadas al caso de Koldo García, el exasesor de balos que está siendo investigado por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas mordidas en los contratos de mascarillas, llegó por parte del Ministerio de Fomento.

Poco después de la compra, los análisis llevados a cabo por parte del Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz estableció que las mascarillas no cumplían con los estándares de calidad de FFP2, que en un principio era lo que tenía que llegar, por lo que se tuvieron que retirar de los centros sanitarios y quedar almacenados. En este sentido, en el 2021, la Oficina Anticorrupción de Balears también puso el foco en posibles irregularidades respecto al contrato con esta empresa cuyo administrador único había sido investigado por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil por un presunto caso de corrupción ligado al soborno de funcionarios en Angola.

Ello no obstante, el Govern del Pacto desoyó este informe y no adoptó ninguna medida en el momento para revisar la polémica contratación de las mascarillas.