Frente común de jueces y abogados para resolver los problemas de la Justicia en Baleares

La justicia de Balears está atravesando una de las épocas más complicadas que se recuerdan, por las numeras dificultades que debe afrontar los juzgados, sin apenas medios y con una gran carga de trabajo. Esta grave situación se ha venido denunciando desde los diferente operadores jurídicos, que consideran no es aceptable el largo periodo de tiempo que tienen que esperar los ciudadanos para conseguir que se resuelva una demanda judicial. Ante esta situación los jueces y los abogados de Balears han decidido hacer frente común, para intentar buscar una solución al problema. Así, se ha constituido una comisión mixta, formada por una representación del Poder Judicial y otra del colectivo de abogados, con el fin de favorecer el diálogo entre ambas partes, pero sobre todo para estudiar iniciativas que puedan contribuir al servicio público que constituye la Administración de Justicia. Es decir, se trabajara para intentar paliar de alguna manera la difícil situación que atraviesa dicha administración, cuyo funcionamiento es básico en el Estado de Derecho.

En esta comisión mixta los jueces estarán representados por los magistrados Alejandro Mariscal de Gante, Sonia Vidal y Diego Gómez Reino. Los abogados han elegido para que les representen a Patricia Campomar Gómez, Eva María Cardona Guasch, Rafael Gil March, Neus Linares Llabrés, Carmen López González y Salvador Perera Morell.

Según detalló el Colegio de Abogados de Balears, esta colaboración permite abrir «un nuevo canal de comunicación institucional estable y ágil entre ambos colectivos profesionales». Al mismo tiempo, facilitará la posibilidad de plantear posibles soluciones de organización, frente a los problemas que se producen en los juzgados, que afectan tanto a jueces, como a abogados.

Falta de jueces y de juzgados

 Ambos colectivos coinciden en el diagnóstico del problema de la administración judicial de Balears: la carecencia de medios, la falta de jueces y juzgados, y un exceso de litigiosidad. E incluso la solución al problema está clara y pasa por invertir en esta administración, un dinero que se viene reclamando desde hace años en Balears, pero como las inversiones dependen de Madrid, nunca llega la inversión el suficiente para dar respuesta a las necesidades. 

La investigación del Defensor del Pueblo constata un colapso de hasta tres años en los juzgados administrativos de Mallorca

El colapso y la falta de medios es un problema que, en mayor o menor media, afecta a todas las jurisdicciones. Sin embargo, la situación más grave la sufren los juzgados de lo social y los de contencioso administrativo de Palma. Estos juzgados, por la falta de recursos humanos, no son capaces de dar respuesta en un tiempo prudencial a todas las demandas que reciben. Por ello, en estos momentos están dando fecha de juicio a tres años vista a partir de la presentación de la demanda. Es tan grave la situación que hasta el propio Defensor del Pueblo ha tenido que implicarse, con el intento de encontrar una solución.

El decano de los abogados, Martín Aleñar, fue quien impulsó este acuerdo de colaboración con los jueces, para intentar buscar entre ambos colectivos una solución que de respuesta a esta dramática situación. Y es que los abogados son los primeros afectados, ya que les es muy difícil explicar a sus clientes que el juicio por su caso se celebrará dentro de tres años. Esta iniciativa ha sido respaldada por el TSJB.