El Govern ultima la ley para proteger todos los «edificios históricos» en primera línea de costa

El Govern, a través de la conselleria del Mar, está en el último tramo de la elaboración del nuevo proyecto de ley para la gestión del litoral balear con la intención de presentarlo antes de que acabe este semestre. Uno de los puntos más importantes será la protección de los edificios que tengan valor histórico en la costa. Según explica el conseller, Juan Manuel Lafuente, el objetivo del Govern es que sean los propios ayuntamientos quienes se encarguen de hacer sus inventarios de bienes para, posteriormente, proponer qué propiedades deben ser protegidas y haya un registro único por cada isla.

Lafuente explica que la ley solo se centrará en la protección de los espacios y no en la actividad económica que se desarrolle, ya que esta cuestión deberá ser conforme a la ley de Costas estatal: «El objetivo es proteger para que no se destruyan las casetas de la costa, los muelles o los varaderos, que estén protegidos con una norma con rango de ley pero sin entrar en el tema de la gestión económica».

Asimismo, otra de las cuestiones que regulará esta ley serán las autorizaciones: «Intentaremos que la gestión sea más ágil y simple para que las autorizaciones de eventos puntuales como actividades deportivas en zonas de dominio publico maritimo-terrestre no tengan que gestionarse desde la direccion general, sino que puedan ser los propios ayuntamientos quienes lo autoricen». Esta decisión, explica Lafuente, busca «descentralizar» la toma de decisiones y dar más poderes a los consistorios locales.

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Uno de los casos más conocidos es el del Bungalow, el conocido restaurante en primera línea de playa en Palma. El pleno del Ayuntamiento decidió por unanimidad que se iniciaran los trámites para incluirlo en el catálogo de edificios emblemáticos con el objetivo de que Demarcación de Costas paralice la orden de demolición. Hace unos meses el GOB registró una solicitud ante la Demarcación de Costas para reclamar que se actúe sobre el restaurante en Ciudad Jardín y que se haga efectiva su demolición.

La propietaria del establecimiento, Maleni Bonet, explica que abrirán con total normalidad a partir del día 22 de febrero: «Nosotros recurrimos la orden de demolición y, de momento, hay silencio administrativo».

Explica que tienen cierto optimismo tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha tumbado, por un defecto de forma, la última modificación de la Ley de Costas: «Ha sido un varapalo para Costas y supongo que andarán con más ojo».

En este sentido, agradece que el Ayuntamiento de Palma decidiera proteger el edificio y relata que están preparando un informe para defender la necesidad de mantenerlo: «Es una seña de identidad del barrio y tiene unas terrazas públicas en las que siempre hay gente y que son un mirador precioso. Nosotros plantaremos cara en caso de que Costas vuelva a contraatacar».