El policía que alquilaba 68 infraviviendas, multado con dos millones de euros, una sanción sin precedentes en Mallorca

La conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha impuesto una sanción de dos millones de euros al policía que alquilaba infraviviendas en pésimas condiciones de luz y ventilación en diversas zonas de Palma, como Gomila, Foners y s’Indioteria. El dictamen de la dirección general de Vivienda y Arquitectura le considera autor de 68 infracciones muy graves, una por cada habitáculo que comercializaba, sobre todo a extranjeros en situación irregular en España.

Fue el pasado mes de noviembre cuando, a raíz de una denuncia del servicio de inspección de la Conselleria, la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Palma, detuvo a un agente de este último cuerpo por gestionar a través de una sociedad estos alojamientos con unas condiciones de habitabilidad absolutamente deplorables.

En muchos casos se trataba de habitáculos en plantas bajas, sótanos o trasteros, entre ocho y 15 metros cuadrados.

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La conselleria de Vivienda, cuya titular es la consellera Marta Vidal, nunca había interpuesto una sanción tan grande en materia de infraviviendas. Un dato así lo corrobora. Hasta ahora, se habían tramitado 54 multas que suman un total de 492.126 euros por habilitar cubículos ilegales de alojamiento, o bien hacer publicidad de ellos.

Infracción muy grave

La creación de infraviviendas está considerada una infracción muy grave por la normativa autonómica, que contempla sanciones que oscilan entre los 30.001 y los 90.000 euros por cada uno de estos habitáculos.

En este caso, estaban ubicados en diferentes locales o plantas bajas. Algunos de ellos estaban situados en subterráneos, que se habían compartimentado en varias habitaciones, sin baño, sin ventilación y sin luz natural.

Humedades y suciedad

«Mi primera impresión fue de sorpresa total. Aquí no había ni nevera ni cocina ni nada», comentó a este diario el pasado diciembre una de las inquilinas, Alejandra, quien vivía en una habitación con baño ubicada en un sótano donde se habían extendido las humedades y la suciedad. El lugar albergaba una treintena de habitáculos en la calle Joan Miró de Palma.

Fuentes del departamento autonómico informan de que la sanción fue notificada oficialmente el pasado mes de enero a la sociedad responsable.

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A partir de ahí, agregaron estas fuentes, se abrió un plazo de un mes para poder interponer un recurso de reposición, algo que todavía no se ha presentado. El plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo asciende a dos meses.

210.000 euros

Hasta el momento, la Conselleria había interpuesto 54 sanciones por hacer publicidad de infraviviendas o por crear este tipo de alojamiento ilegal, por un importe total de 492.126 euros, según datos oficiales de este departamento autonómico. Hasta ahora, las mayores sanciones habían sido de 210.007 y 180.006 euros.

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El año que suma un mayor importe es 2023, con cerca de 220.000 euros en sanciones. En 2019, se culminaron seis expedientes sancionadores, por un total de 60.610 euros; en 2020 (año de la pandemia), no se tramitó ninguno; en 2021, culminaron 15 de estos expedientes por un valor global de 22.807 euros; en 2022, hubo 22 (190.296 euros), mientras que, en 2023, se finalizaron 11 expedientes, por 218.412 euros. En el caso de los alojamientos alquilados por el agente, los residentes pagaban por cada habitáculo entre 300 y 750 euros al mes. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos extranjeros y algunos estaban en situación irregular en España.

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