Educación plantea convenios con hoteles para alojar a docentes desplazados

La problemática que la insularidad supone para los docentes de Baleares se trató ayer, de primer mano, durante la primera Mesa técnica con este objeto celebrada en Eivissa, una de las zonas más afectadas por esta cuestión. Durante la misma, el conseller de Educación y Univeridades del Govern balear, Antoni Vera, aseguró que espera poder negociar con hoteles y alojamientos turísticos el alquiler de habitaciones para alojar de forma temporal a docentes desplazados de cara al próximo curso.

Vera presidió la que fue la primera Mesa técnica de insularidad, a la que asistieron representantes de la enseñanza de los sindicatos Stei, ANPE, UOB, UGT y CCOO. En declaraciones, Vera recordó la enmienda presentada por el PP a la Ley balear de Vivienda para que las conselleries de Salud y Educación puedan firmar convenios con empresas turísticas para que pongan a disposición «habitaciones dignas» para los docentes desplazados. Según añadió, la ley podría tramitarse en febrero o marzo, por lo que, «si se aprueba como toca», la idea es que «se puedan negociar convenios de cara al próximo curso».

Por otra parte, en la mesa se abordó la declaración de plazas de difícil y de muy difícil cobertura para las Pitiüses, para que puedan ser indemnizadas con hasta 400 euros. Según el conseller, las plazas que recibirán esta declaración se terminarán de definir en la próxima comisión, aunque avanzó que en las Pitiüses «son muchas» y en diferentes etapas como Primaria, Secundaria y Formación Profesional.

Otra de las cuestiones tratadas fue la indemnización por residencia, que el Govern no puede aumentar, de momento, por el decreto estatal que las regula. En esta línea, Vera reiteró su compromiso de hablar con el Ministerio de Educación y con «todas las fuerzas política que gobiernan España» para equiparar este plus al de Canarias, Ceuta y Melilla, o que «se aumente en base a la masa salarial», lo que permitiría incrementarlo por parte del Ejecutivo balear.

Por su parte, los sindicatos coincidieron en la importancia de esta mesa de insularidad, en la que hicieron aportaciones sobre las propuestas. Este es el caso de Joana Tur Planells Stei-intersindical, que pidió, entre otras cuestiones, que el plus por residencia en las Pitiüses sea «más elevado que en resto de la islas» y que las ayudas lleguen también todos los docentes residentes en Eivissa porque «tienen el mismo problema de vivienda» que los desplazados.

Entre otros, el presidente de ANPE Balears, Víctor Villatoro, coincidió en que las plazas de difícil cobertura deben incluir también a los docentes residentes y reclamó la equiparación del complemento de insularidad. En cifras, Villatoro indicó que en Mallorca el complemento es de 100 euros al mes mientras que en Pitiüses y Menorca, con doble y triple insularidad, es de 113 euros. En comparación, en Gran Canaria y Tenerife, islas equiparables a Mallorca, se abonan 156 euros y en Fuerteventura y Lanzarote, que también son segunda o triple insularidad, el complemento es de «426 euros más», mientras que en Ceuta y Melilla, sube hasta «750 euros más», detalló el representante sindical.

Residencias a precios asequibles

ANPE insistió durante la Mesa en la necesidad de dar soluciones a todos los docentes, «ya sean desplazados o residentes», como disponer de residencias a precios asequibles, crear grupos de sustitución rápida y medidas para ejercer la docencia en igualdad de condiciones con otros territorios». En nota de prensa, el sindicato de educación advirtió al Govern que, de no resolverse la problemática, se plantearían volver a manifestarse «en todas las islas con el fin de ser escuchados».

Por su parte, Isabel Farelo Moyà, de UOB Ensenyament, remarcó que en los últimos cinco años el coste de la vida ha aumentado un 17%, mientras que el precio de la vivienda, un 45 %, por lo que reclamó el aumento del complemento de residencia para «compensar el nivel de vida tan alto» de la comunidad balear. Una idea en la que coincidieron desde UGT. El sindicato subrayó la necesidad de actualizar «de manera inmediata el complemento de indemnización por residencia», además de alertar de un colapso en la Administración en cinco años si no se adoptan medidas urgentes.