Los alquileres del Govern: Empleados públicos serán trasladados a Son Fuster antes de abril

El Govern aún estudia qué departamentos trasladará al edificio de Son Fuster que adquirió el pasado diciembre. Prevé que antes de que empiece abril ya estén trabajando allí los primeros empleados públicos reubicados.

Más de 430 trabajadores de la administración podrán ser trasladados aunque el ejecutivo autonómico aún no ha definido (o prefiere no hacer público) de qué departamentos o consellerias serán.

El Govern se ahorrará 1,5 millones de euros en alquileres

Una de las opciones que se perfila más claramente es el servicio de Prevención de Riegos Laborales del Personal Docente, actualmente ubicado en un edificio del polígono Son Castelló por el que el ejecutivo paga 56.150 euros anuales de alquiler. En este servicio trabajan una quincena de profesionales y aunque requieren varios despachos y consultas aún queda muchísimo margen y espacio para llevar más departamentos a Son Fuster, donde el ejecutivo tendrá ahora más 15.000 metros cuadrados disponibles.

Según fuentes oficiales de la conselleria de Economía, que gestiona todo lo relativo a patrimonio, hay muchos departamentos interesados en ir al nuevo edificio, pero antes se hablará con todas las consellerias. Se quiere además coordinar el proceso con los trabajadores que se verán afectados por el cambio.

Además, antes de plantearse semejante mudanza, hay una serie de acciones necesarias para adecuar las nuevas dependencias, como panelar, planificar las cuestiones informáticas y la distribución del espacio... Asimismo, será necesario gestionar las cancelaciones de los alquileres actualmente en vigor, ya que en algunos casos se acordó por contrato dar un preaviso de hasta seis meses.

La antigua sede de CaixaBank (originalmente sede de Sa Nostra) está conformado por dos torres idénticas, cada una con cinco plantas con más de mil metros cuadrados de extensión cada una.

En una de las torres está instalada desde enero de 2017 la conselleria de Educación y Universidades y sus 425 empleados. Desde entonces y hasta ahora, que se ha comprado el edificio, el Govern ha pagado 600.000 euros en alquiler cada año.

Ese alquiler era de los más elevados, pero aún así suponía un ahorro de más de 200.000 euros anuales respecto al coste de las antiguas dependencias que tenía Educación repartidas entre las Galerías Geranios y la calle Alfons el Magnànim, donde se concentraba, en el número 29, el grueso de la Conselleria repartido en varias plantas (y con varios caseros: recientemente se ha condenado al Govern a indemnizar con 30.000 euros a uno de ellos por que Educación creó oficinas mezclando espacios de diferentes propietarios y no deshizo los cambios cuando rescindió este contrato y se trasladó a su nueva ubicación).

Los dos edificios de Son Fuster están unidos por la planta baja y cada uno tiene además tres plantas subterráneas destinadas a aparcamientos (Educación dispone ya de más de 30 plazas de parking), almacenes y dependencias diversas. La superficie total es de 32.134 metros cuadrados. Las torres fueron inauguradas en septiembre de 1994 por los hoy reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía.

Según hizo público el Govern al anunciar esta compra, al margen de los 600.000 euros de ahorro por el alquiler de las oficinas de Educación, la adquisición de las dos torres supondrá poder dejar de gastar 1,9 millones en otros arrendamientos.

El anterior Govern ya tuvo conversaciones con CaixaBank para comprar el edificio entero en 2022, cuando aún quedaban trabajando allí doce empleados de la entidad financiera. Tras la fusión con Bankia, CaixaBank ha ido trasladando a muchos de sus empleados a sus oficinas centrales ubicadas en las Avingudes.

Este edificio, alzado en los años 90 por Construcciones Bartolomé Ramón como emblema de la modernidad y la eficiencia, ha ido cambiando sus emblemas al ritmo de la transformación del sector bancario: de las inmensas letras de Sa Nostra que lo coronaban en su inicio y se veían desde la autopista, a los más discretos carteles de Mare Nostrum, Bankia y CaixaBank. Dentro de poco, emprenderá una nueva vida como inmueble de la Administración, pagado por los ciudadanos de las islas.

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