Advertencia de Abini: Urge regular la actividad del agente inmobiliario por la falta de control

Hans Lenz, presidente de Abini.

Hans Lenz, presidente de Abini. / Manu Mielniezuk

Myriam B. Moneo

Myriam B. Moneo

El presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini), Hans Lenz, destaca que 2023 ha cerrado como el ejercicio de consolidación en su sector en Baleares, con esa bajada del 25 % en las compraventas tras dos años «explosivos» y una demanda que «nunca habíamos visto».

Los precios siguen subiendo, advierte, y también continúa «la incapacidad de generar vivienda asequible» para la población balear con sueldos medios. Llama a que se tiene que corregir.

«Queremos evitar la exclusión residencial —dice Lenz—, mantener el bienestar y dar un presente y futuro a las generaciones que nos siguen».

No obstante, con un panorama más normalizado a la vista, el presidente de Abini subraya la fortaleza del sector inmobiliario en las islas, que «queda lejos de la recesión» del norte y el centro de Europa.

También apunta a la bajada de la recaudación fiscal por la caída de las compraventas, que no se reflejó en los presupuestos de la comunidad autónoma, al apostar por mantener la recaudación con el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. En el tercer trimestre del año pasado supuso 130 millones de euros menos de ingresos.

Por lo demás, Lenz vuelve a reivindicar la necesidad de regular la actividad del agente Inmobiliario. Solo en la última década se han duplicado el número de empresas: hay 1.443 en las islas.

El sector inmobiliario genera un valor añadido bruto del 16 % en las islas (4.571 mil millones de euros), según Abini. Emplea a más de 5.600 personas, pero el 99% son microempresas, con menos de diez trabajadores. «Es una imprudencia y un riesgo para los consumidores que no exista ningún requerimiento previo, un mínimo de formación ni ningún control sobre una actividad que trata algo tan sensible como el alquiler o compra de una vivienda», critica la asociación. Hasta se califica de « atentado a la seguridad de los consumidores» la desregulación de la actividad.

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