Más de 10.000 becarios cotizarán en Baleares pese a no cobrar

Desde este lunes, primer día del 2024, los becarios que no cobran por sus prácticas han empezado a cotizar tras el cambio legislativo promovido por el Gobierno. En Baleares habrá más de 10.000 estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y de Formación Profesional ―concretamente casi 8.000 alumnos de FP y 3.100 de la UIB― cuyas horas de prácticas en las empresas de las islas comenzarán a computar como tiempo trabajado de cara a la futura jubilación. El Estado anunció la bonificación del 95 por ciento de los costes en ambos casos.

Desde la conselleria de Educación explican que este curso 2023/2024 hay alrededor de 8.000 alumnos en prácticas formativas y prevén que para el próximo curso 2024/2025 esta cifra aumente exponencialmente ya que la nueva ley de Formación Profesional prevé que los alumnos de primero ya hagan prácticas. Por este motivo, fuentes de Educación apunta que se podrían invertir casi 1,5 millones de euros en la cotización de los alumnos y los costes de gestión para el año 2024.

En este sentido, detallan que en un principio el 5 por ciento de la cotización de los estudiantes lo asumirá la Comunidad Autónoma, aunque el Gobierno central ya ha confirmado a los gobiernos autonómicos que con posterioridad bonificará esta cantidad. En cambio, no sufragará los costes de gestión, esto es, los gastos de la gestoría, que seguirá corriendo a cargo de la conselleria.

En cuanto a la UIB, la universidad ha reservado alrededor de 100.000 euros para hacer frente al pago de las cotizaciones en caso de que las empresas con las que tienen convenios de prácticas no asuman el 5 por ciento de la cuota, según ha podido saber este diario. El Estado se ha comprometido a bonificar el 95 por ciento del coste para los estudiantes universitarios, por lo que las empresas deberán aportar el resto. A modo de previsión, la universidad ha guardado un montante de su presupuesto para hacer frente a este gasto derivado de la nueva norma.

Uno de los problemas que se planteó en las reuniones antes de sacar adelante la norma era la mayor carga de trabajo administrativo para los centros públicos, aunque desde Educación aseguran que la gestión de los trámites se hace directamente desde la conselleria.

Preguntados por las dificultades que se han encontrado para encontrar empresas que quieran participar en los procesos de prácticas, el Govern asegura que no tiene constancia de ello aunque reconocen que con la incertidumbre que ha rodeado esta cuestión se han remitido a la conselleria diversas comunicaciones de empresas que manifestaban no querer asumir determinados costes, e incluso otros que no querían seguir participando. «De hecho, para evitar casos como este se decidió asumir el coste desde la Comunidad Autónoma, por lo que en principio no prevemos tener problemas para lograr la demanda», detallan fuentes de la conselleria de Antoni Vera.

Por este motivo y para facilitar el proceso a las empresas, la conselleria de Educación quiere hacer un llamamiento a la tranquilidad a los centros, empresas y alumnos: «Lamentamos la improvisación que ha habido, como tónica general, desde el Ministerio de Educación. Nuestra voluntad es facilitar en todo momento las prácticas a todas las partes, y se tiene que recordar que la única reunión técnica que se ha mantenido entre las comunidades autónomas y el Ministerio se produjo el pasado 21 de diciembre, un día antes de que los centros cerraran por vacaciones».

Desde la conselleria que dirige Antoni Vera no esconden su descontento por el modo de proceder del Gobierno central y reprochan a Madrid que «no ha facilitado» la comunicación con las regiones. Del mismo modo, detallan que la prórroga que ha aplicado el Ministerio hasta el 31 de marzo para dar de alta a los alumnos en prácticas tampoco se comunicó hasta el 28 de diciembre: «Los plazos por parte del Gobierno han sido muy ajustados y con poco margen de maniobra. Pese a ello, reiteramos el mensaje de tranquilidad para todas las partes».

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