Penalva y Subirán, condenados por sus investigaciones
El TSJB impuso nueve años de cárcel al juez y el fiscal que investigaron el caso Cursach por «presiones y amenazas» a testigos y acusados del amaño del concurso de la ORA
El vuelco del caso Cursach ha culminado con los investigadores condenados. El Tribunal Superior de Justicia impuso, en una de las sentencias más esperadas de la historia reciente de Mallorca, sendas penas de nueve años de cárcel al exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán por sus «presiones y amenazas» a testigos e investigados durante la instrucción de la macrocausa de corrupción policial, política y empresarial. También tres de sus estrechos colaboradores, antiguos miembros del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, fueron condenados a penas menores de prisión.
Tras un larguísimo juicio con más de un centenar de testigos, la sentencia descartó la inmensa mayoría de los delitos que el fiscal Tomás Herranz -el que pidió perdón entre lágrimas a Cursach y sus compañeros de banquillo tras conseguir su absolución- atribuía a Penalva, Subirán y los policías. Pedía para ellos más de 600 años de cárcel. El TSJB concluyó que durante la investigación por el presunto amaño del concurso de la ORA, centrada en el entonces concejal y diputado del PP Álvaro Gijón, hubo presiones ilegales a tres personas y utilizaron las detenciones de los padres y el hermano del político para forzar una confesión del político.
"Sin imparcialidad"
Aunque la sentencia atribuye buena parte de las actuaciones del exjuez, el exfiscal y los policías a errores de bulto en la valoración de las pruebas y justifica las 15 detenciones y los ingresos en prisión que se practicaron entonces, considera que «actuaron sin imparcialidad, con un sesgo anticipado de culpabilidad y perdieron la necesaria objetividad que ha de presidir una investigación penal» porque «tenían el convencimiento íntimo de que por fin habían conseguido desentrañar el amaño del caso ORA».
En el juicio quedaron patentes tanto los fallos y las deficiencias de la investigación dirigida por Penalva y Subirán como los indicios de que aquel concurso olía mal, pese a que la causa acabó siendo archivada definitivamente por la Audiencia Provincial. El exjuez, el exfiscal y los policías insistieron en sus declaraciones durante el juicio en que existía una «ingente» cantidad de evidencias de que se amañó el concurso, ganado por un amigo de Gijón, el empresario Antoni Roig, condenado por corrupción en el caso IME. Los investigadores del caso ORA apuntaron a una conspiración con fiscales y policías implicados para echar por tierra sus investigaciones, que siguen considerando certeras.
La sentencia, a la espera de que el Tribunal Supremo la revise, es un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Mallorca por los límites que establece y las importantes penas de cárcel que conlleva. Sus efectos han empezado ya a sentirse en las causas abiertas en los juzgados.
Quedan todavía batallas por librar en este caso. Cursach y otros implicados que fueron absueltos impulsan ya un nuevo proceso contra Penalva y Subirán.
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