El abogado de Penalva y Subirán: «Se les acusó para poder rescatar a Cursach»

Al ataque. El abogado de Penalva y Subirán defendió este jueves al exjuez y exfiscal de las graves imputaciones que pesan contra ellos -con peticiones de más de un siglo de cárcel por cabeza-, con duros reproches a la Policía y la Fiscalía por actuar contra ellos con mentiras y vulneraciones de derechos «para salir al rescate» de Cursach y otros imputados. El letrado Javier Barinaga, que defendió con ahínco durante seis horas todas las actuaciones de Penalva y Subirán para pedir su absolución, achacó este juicio a una «trama» que vació el caso ORA y ocultó evidencias para «servir de palanca» en el proceso contra el magnate y los policías locales que acabaron absueltos. Aseguró que «la actuación de las acusaciones está basada en el odio» y exigió al tribunal que no se limite a absolverlos por cuestiones de forma. «No nos vale, habremos perdido», dijo para reclamar que se examine toda la prueba.

Barinaga cargó espacialmente contra los investigadores de la Policía Nacional Juan Márquez y Juan Palomo, responsables de la investigación inicial por las filtraciones a la prensa que denunciaron Cursach y Sbert. «Su carrera de vulneración de derechos fundamentales es estratosférica», señaló, refiriéndose a el espionaje ilegal a los periodistas para averiguar sus fuentes y a las supuestas irregularidades en la incautación de los teléfonos de dos de los policías de Blanqueo ahora acusados. Tachó de «prospectiva» la investigación y afirmó que Márquez y Palomo «mienten en todo» en la decena de informes que elaboraron.

El abogado de Penalva y Subirán dijo que estos policías «necesitaban mentir y engañar para conseguir la imputación [de Penalva y Subirán y lo hicieron». Enmarcó sus actuaciones en una estrategia, en la que implicó también al fiscal Tomás Herranz, para que esta causa «sirviera de palanca» en el caso Cursach y poder «vaciar» los casos ORA e IME.

En su alegato, desgranó los indicios que a su entender justifican todas las detenciones del caso ORA, que aunque calificó de «muy bien hechas» atribuyó a los agentes de Blanqueo. «No fue una decisión arbitraria. Había causa», sentenció, para negar también que se vulneraran los derechos de las personas arrestadas. Argumentó además que en ese momento los investigadores trabajaban con «indicios». Respecto a las detenciones de los padres y el hermano de Álvaro Gijón, destacó que «había maniobras raras» que las justificaban por las sospechas de que estaban blanqueando dinero de comisiones.

«Sicilia profunda»

El abogado acusó a la Fiscalía de haber «dejado morir» aquella causa, que finalmente fue archivada, para poder utilizarlo contra Penalva y Subirán. De Tomás Herranz añadió que «en su huida hacia ninguna parte» obvió pruebas en el juicio del caso Cursach, como un pinchazo telefónico a Sbert «que suena a la Sicilia profunda». «Se negó al pueblo de Palma la posibilidad de escucharlo», aseguró. Y siguiendo este hilo argumental atribuyó las acusaciones contra Penalva y Subirán a la «necesidad de vaciar» el procedimiento contra Cursach. «Salieron al rescate», sentenció en alusión al magnate.

Barinaga consideró además que no existen pruebas de las coacciones y presiones a acusados y testigos que se atribuyen al exjuez y el exfiscal. Señaló que quienes les acusan de ello estaban imputados cuando Márquez y Palomo contactaron con ellos y consideró que sus relatos «como víctimas» no son creíbles.

Respecto a las filtraciones a los medios de comunicación de las pesquisas, afirmó que tampoco existen pruebas para atribuir a Penalva y Subirán delitos de revelación de secretos. «La investigación fue sesgada», señaló, argumentando que la Policía solo se centró en las informaciones publicadas por Diario de Mallorca y no analizó las de otros medios. Finalmente, señaló que «toda la actuación de las acusaciones está basada en el odio».

Álvaro Martín, abogado del que era jefe del grupo de Blanqueo, José Luis García Reguera, reclamó también su absolución. Aseguró que «ni uno solo» de los testigos que han pasado por el juicio le ha atribuido actuaciones delictivas. «¿Por qué se le piden más de 80 años de prisión?», se preguntó. Sostiene el letrado que está procesado por ser el jefe de Blanqueo y «ese es su único delito», ya que no hay evidencias tampoco de que participara en delitos de revelación de secretos.

Pedro Horrach, que representa al antiguo subinspector de Blanqueo Miguel Ángel Blanco, destacó las investigaciones ilegales a los periodistas que informaban del caso Cursach, que considera directamente vinculadas a las detenciones de los policías ahora acusados. «El chat fue sacado de contexto y fue la guía de la investigación», argumentó. Sobre los mensajes de WhatsApp argumentó que «ni el pensamiento delinque ni las palabras se trasladan obligatoriamente a hechos». Horrach defendió la labor de Blanco en la investigación del caso ORA, aunque admitió «errores», y detalló los indicios que recabó sobre el presunto amaño del concurso.

Las tres defensas que expusieron hoy sus informes finales consideraron que la incautación de los móviles de los policías de los que se obtuvieron los mensajes de WhatsApp fueron irregulares. Barinaga incidió en que la incautación del terminal de Iván Bandera fue ilegal y que en el caso de Blanca Ruiz «nunca existió la cadena de custodia». Además, deslizó que los chats «se pueden alterar y modificar en todo».

Mañana está previsto que concluya el juicio con los informes finales de los letrados de Bandera y Ruiz y el turno de última palabra de los acusados, tras lo que quedará visto para sentencia.

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