Adrián Salazar, teniente fiscal de Baleares: «La judicialización de la política es excesiva, deteriora la sociedad»

La semana pasada tomó posesión como teniente fiscal de Balears en una abarrotada sala en el Palacio de Justicia de Palma. El veterano y carismático Adrián Salazar Larracoechea (Arrankudiaga, Vizcaya, 1961) es un apasionado de su trabajo. Pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fue vocal electo del Consejo Fiscal en dos periodos, entre 1990 y 1992 y de 2005 a 2009. Siempre sonriente y jovial, analiza la actualidad judicial en su despacho en la sede de la Fiscalía.

En su toma de posesión hizo una clara apuesta por una Justicia ágil y eficaz. ¿Cómo conseguirlo?

La Administración de Justicia es uno de los pilares de un estado democrático de derecho como el que tenemos y, por tanto, es necesario que funcione de forma rápida, ágil y que dé un buen servicio a los ciudadanos. Evidentemente, esto no es del todo posible, por su propia naturaleza, que crea una cierta insatisfacción en las personas. Siempre hay una de las dos partes en conflicto a la que no se le da la razón. Pero eso no quita que la Administración de Justicia es manifiestamente mejorable.

¿Cómo puede mejorar?

Con un pacto de Estado, con el consenso de todos los partidos y responsables políticos y del Parlamento y también de todos los involucrados, que son muchos.

¿Qué habría que cambiar?

Se necesitaría una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estamos hablando de una ley de finales del siglo XIX, que ha sido parcheada y modificada. En ese sentido, está pendiente, por ejemplo, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que establezca una regulación más moderna y, sobre todo, que instaure de alguna manera lo que ya es deseado por todos y se ha planteado por todos: un proceso penal en el que la instrucción la lleva a cabo el ministro fiscal.

¿Y que haya más medios?

En eso estamos de acuerdo todos los ciudadanos. Es necesario que se dote a la Justicia de medios personales y materiales para que se desarrolle de forma efectiva y ágil. Lo primero que habría que hacer es que se haga una evaluación, una auditoría por parte de organismos especializados, externos, que valore verdaderamente dónde están las necesidades, que existen evidentemente.

¿La digitalización ayudará?

La modernización y la utilización de medios tecnológicos es un avance. Todos lo vivimos en nuestras propias casas y en nuestra propia vida. Y en eso la Administración de Justicia no puede ser ajena. En Balears hemos sido pioneros. Aquí se ha digitalizado todo, incluso por parte de la fiscalía. En expedientes muy voluminosos como los de narcotráfico se necesitan mejoras técnicas.

¿Hay que llevar a cabo muchas reformas legislativas?

Es en el pacto de Estado donde tendría que evaluarse las reformas que son necesarias. Lo que es un disparate es que un Gobierno adopte reformas que posteriormente están condenadas a volver atrás cuando cambia el Gobierno. El Código Penal, por ejemplo, es una ley esencial y no es conveniente estar continuamente parcheándolo y modificándolo. Las reformas tienen que ser más consensuadas y probablemente de más calado.

¿Qué le parece la ley del sí es sí?

Probablemente una ley bien intencionada, pero todos sabemos, y hasta los mismos que la defendieron, que ha traído consecuencias en algunos casos no deseadas. Y por eso se produjo la nueva modificación. Eso invita a pensar que todas estas reformas, la reforma del Código Penal, hay que plantearlas primero, pensarlas mucho y sobre todo llegar a un consenso que permita que tengan un ámbito de permanencia en el tiempo.

La judicialización de la política es una constante, más ahora con lo que está ocurriendo con el presidente del Gobierno ¿Cuál es su opinión?

Es una situación, evidentemente, no deseada. No es deseable que eso ocurra. Yo creo que existe una grave crispación en la sociedad, con un desprestigio de instituciones muy relevantes para la sociedad, no solo de la Administración de Justicia, y un desprestigio incluso de la vida política. La sociedad democrática necesita políticos. Necesitamos que existan buenos políticos. Y en ese sentido, ese desprestigio no nos favorece porque no va a querer nadie ser político. Si eres alcalde y te piensas que no solo es un motivo de orgullo, sino que es un motivo casi de preocupación o de desprestigio, pues eso no es adecuado. Se percibe una crispación, pero por todo. Yo ya dije el grado de responsabilidad que tenemos todos en este desprestigio de las instituciones, incluso los medios de comunicación. Parece que vale todo. La judicialización de la política es excesiva y está deteriorando la sociedad, es evidente.

Resulta novedoso en Balears tener una cúpula en la fiscalía progresista.

No creo que esto sea especialmente relevante. Lo principal es que somos profesionales. Nosotros aplicamos la ley, no podemos constituirnos ni los jueces ni los fiscales, ni en legisladores, ni en pretender salvar a nadie, ni nada. Cada uno tiene que aceptar y asumir con corrección su papel, el papel que le corresponde. Quizás lo más llamativo de ser progresista en la carrera fiscal sería por el tema de la especialización, o sea, tener especial interés en una visión de la justicia penal más enfocada precisamente a la protección de los más débiles y la protección de bienes jurídicos nuevos como puede ser, por ejemplo, menores, en materia de medio ambiente, de extranjería...

El fiscal general del Estado le definió como un pionero en materia de especialización.

Antes de crear la especialidad de medio ambiente creamos una red de fiscales. Mucha gente estaba concienciada en determinadas materias. En Balears fuimos pioneros, aparte de en materia urbanística y protección de espacios naturales, en materia de residuos. Hubo dos hitos: Can Set y Can Barceló. Se ha avanzado mucho y hay que avanzar más.

Tras casi 20 años como fiscal antidroga, ¿qué destacaría?

Cada vez hay más aprehensiones, más procedimientos y más acusados. Sin embargo, hay un dato que es bastante preocupante. Desde que empecé como fiscal antidroga hasta la actualidad, el precio de la cocaína se había mantenido, pero ahora ha bajado, lo que significa que ha aumentado la oferta, hay más.

¿Y el cannabis?

El consumo y producción de cannabis ha aumentado de forma muy considerable, lo cual es preocupante. Antes era Marruecos el que producía y ahora una gran parte se produce ya aquí. Además, grupos criminales que antes se dedicaban a la cocaína y a la heroína están dedicándose a la producción de cannabis en Balears. La rentabilidad es muy elevada. Por otro lado, se están detectando graves problemas psiquiátricos derivados del consumo, sobre todo en menores.

¿La dura condena a Penalva y Subirán afectó a la Fiscalía de Balears a nivel institucional?

Más que institucional, a nivel personal. Ahora, queda pendiente que se resuelvan los recursos repecto a dicha sentencia y es lamentable puesto que, evidentemente, teníamos una relación consolidada personal y laboral durante mucho tiempo. La situación verdaderamente es extraordinariamente lamentable. La Justicia tiene que desarrollar su actividad con imparcialidad y aplicando el principio de que se debe aplicar a todos por igual.

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