Sanseacabó. El caso Cursach quedó ayer sepultado tras retirarse las últimas acusaciones contra él. Será absuelto, como su mano derecha en los negocios, Bartolomé Sbert, tras una década de convulso proceso judicial con gravísimas acusaciones contra ellos. También el funcionario del ayuntamiento de Calvià, Jaime Nadal, queda libre de toda sospecha. Los empresarios de Palma y Magaluf Ángel Ávila y José Manuel Bover se rinden tras sostener durante años que el Grupo Cursach actuaba como una mafia con policías y políticos a su servicio para hundir a la competencia. El hundimiento por fascículos del caso ha dejado en el banquillo, donde el primer día se sentaron 23 personas, solo a dos policías locales a quien otro empresario de Palma sigue acusando. De momento.
El primero en ondear la bandera blanca fue Ángel Ávila. Su abogado, Álvaro Martín, anunció ayer al comenzar el juicio que retiraba todos los cargos contra Sbert, como ya hizo con Cursach tras la marcha de la Fiscalía. «Practicada toda la prueba, entendemos que no hay prueba suficiente de cargo para sostener la acusación», expuso. Fue un movimiento de calado y revelador. Ávila, antiguo empleado de Cursach y luego competidor suyo con la discoteca Level del Marítimo, ha sido uno de los azotes del magnate durante todo el procedimiento. Él y sus socios sostenían que tenía bajo sus órdenes a los policías para llevar a cabo inspecciones arbitrarias y promover sanciones injustas contra su negocio. En el juicio, afirmó que cuando trabajó para Cursach se recibían preavisos de inspecciones en sus locales y que cuando empezó a trabajar para la competencia comenzó una situación de «acoso». Reclamaba inicialmente nueve años y medio de cárcel para Cursach y Sbert y una indemnización de 8,5 millones de euros.
La abogada de Bover, Teresa Bueyes, optó por una maniobra menos ortodoxa para anunciar su salida. La letrada no acudió a la sesión de ayer, donde las partes debían indicar las pruebas documentales que el tribunal debe analizar. La sala contactó con ella y Bueyes anunció que dejaba ese trámite para hoy. Las magistradas no le dieron esa posibilidad y entendieron que «la abogada ausente» renunciaba a la presentación de documentos. Unas horas después, cuando la vista ya había finalizado, la abogada remitió un escrito a la Audiencia Provincial para avanzar su marcha. En el documento anunció que también desistía de mantener sus imputaciones contra Cursach y Sbert, para quienes pedía en principio casi 40 años de prisión, y el funcionario de Calvià Jaime Nadal. Bueyes avanzó que seguirá reclamando la nulidad de todo el procedimiento, como ya hizo antes de empezar el juicio. Entonces llegó a pedir que el caso volviera a la fase de instrucción por las «trampas e irregularidades» que atribuyó a Cursach y su entorno. El tribunal no tardó en responderle con una providencia para indicar que se daba por enterado, pero que la abogada debe hacer oficial hoy esta renuncia, cuando las acusaciones están llamadas a presentar sus escritos definitivos.
Los movimientos de estas acusaciones particulares sepultan definitivamente el caso. La investigación que comenzó en 2013 y motivó el ingreso en prisión provisional de Cursach y Sbert en febrero de 2017 por delitos de homicidio, narcotráfico, corrupción de menores, organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicios, contra los derechos de los trabajadores y tenencia ilícita de armas. Estuvieron entre rejas 14 y 10 meses respectivamente.
Sin pruebas
Salvo este último, que le valió a Cursach una condena de ocho meses de prisión por tener una carabina sin licencia, el resto de delitos se han ido cayendo por el camino. Llegaron a juicio ya muy mermadas, con la Fiscalía retirando buena parte de las imputaciones a pocos días del inicio de la vista oral. Las tres acusaciones particulares se mantuvieron firmes entonces, con elevadas peticiones de prisión para Cursach y Sbert.
Pero el desarrollo del juicio no ha sido el que esperaban. Los más de cien testigos que han desfilado por el tribunal, como las propias acusaciones particulares han reconocido, no han aportado pruebas de cargo contra Cursach. Sbert si ha aparecido en numerosas declaraciones y episodios, pero ni los denunciantes consideran que se le pueda atribuir delito alguno por ellos.
El caso queda ahora reducido a la mínima expresión. Quedan todavía acusados dos agentes de la Policía Local de Palma, contra los que otro empresario no ha retirado por el momento sus imputaciones por las inspecciones, a su juicio injustas y arbitrarias, que llevaban a cabo en su establecimiento.
