Vox presume ante el PP de cerrar las oficinas de igualdad de CCOO y UGT

Los ultraconservadores celebran que el tijeretazo a los sindicatos haya provocado la clausura de estos organismos: «se acabaron los chiringuitos»

El Govern defiende que el recorte de las ayudas a los agentes sociales «estaba en el pacto firmado con Vox»

Los diputados de Vox durante un pleno en el Parlament

Los diputados de Vox durante un pleno en el Parlament / B. Ramon

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Vox sigue saboreando su victoria política ante el PP tras la negociación de los Presupuestos y ayer presumió del cierre de las oficinas de igualdad en sindicatos como consecuencia del tijeretazo en las subvenciones que los ultraderechistas han arrancado al Govern. «Hoy los ciudadanos están de enhorabuena porque UGT y CCOO cierran sus oficinas de igualdad tras el cese de las ayudas. Esto es lo que pasa cuando llega Vox, que se acaban sus chiringuitos» expresó la diputada Patricia de las Heras, dejando claro que la agenda de los de Abascal estará presente en las cuentas presentadas por el Ejecutivo.

La eliminación de las subvenciones a los agentes sociales por cerca de medio millón de euros (400.000 euros) que el PP ha aceptado iban a destinarse al Plan por la Igualdad en el Ámbito Laboral 2022-2025 (PIAL). Dicha propuesta, que retira la ayuda de 100.000 euros destinada a CCOO, la de 100.000 euros a UGT, la de 50.000 euros a PIMEM y la de 150.000 euros a CAEB, fue una de las condiciones «sine qua non» que exigió Vox al Govern para sacar los Presupuestos adelante.

Una medida que no gustaba nada a los populares aunque finalmente han tenido que ceder. Así lo confirmó ayer durante el debate presupuestario el diputado y portavoz adjunto de de los ultraconservadores, Sergio Rodríguez. «Esta enmienda para quitar subvenciones al PP no le gusta, ellos no la querían, finalmente han votado a favor porque hemos negociado. Esta vez se han salido del guion, les hemos tenido que empujar un poco, es cierto, nosotros no nos ocultamos», aseguró Rodríguez, quién defendió que «el dinero de las gambas de los sindicatos irá integramente a la discapacidad».

No obstante, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, cambió el discurso por parte del Ejecutivo, justificando tanto los recortes a los agentes sociales como los 20 millones de euros para la segregación lingüística durante el primer cuatrimestre del próximo curso. De esta forma, Costa aseguró que ambas cuestiones están recogidas en el pacto firmado con Vox. «¿Han visto ustedes que las enmiendas no estuvieran incluidas en el programa del PP o en el acuerdo con Vox? Todo está incluido en el programa de Govern y el pacto, incluso lo de las subvenciones nominativas. Los ciudadanos votaron y eligieron cambio, esto es lo que hay en las islas». El también portavoz del Ejecutivo detalló que no se han movido «ni un milímetro de los 110 puntos acordados».

Costa afirmó que los recortes a las subvenciones de patronales y sindicatos aparecen en el pacto de gobernabilidad entre PP y Vox si bien es cierto que el documento expresa lo siguiente: «promoveremos el método de concurrencia competitiva a fin de garantizar la transparencia y la libre competencia frente al modelo de concesión directa de subvenciones. De este modo, garantizaremos que todas las subvenciones concedidas respondan al interés general de los ciudadanos de Balears y no a criterios ideológicos».

Respecto a la segregación lingüística, el documento firmado entre ambas formaciones indica que «en el ámbito educativo, los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. Nos comprometemos a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales».

Prohens también lo justifica

La presidenta del Govern, Marga Prohens, también defendió la necesidad de los 20 millones de euros para la segregación lingüística. «Había que presupuestar una reserva de crédito para todos los grupos que se quieran adherir al plan piloto. Es complicado determinar la cuantía que debe tener esta enmienda, habrá que esperar a ver cuando empiecen las matriculaciones y cuántos centros se adhieren, pero se ha hecho esta partida de 20 millones», expresó la líder popular.

La presidenta detalló que dicha partida «no romperá los consensos educativos» y que serán los centros quienes decidan si aplican el plan lingüístico a través de su autonomía. Cabe recordar que el plan lingüístico es la medida estrella por parte de sus socios y una exigencia fundamental para aprobar los Presupuestos.

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