El tribunal descarta 99 de los 114 delitos que sostenía la Fiscalía

La sala rechaza investigar a una testigo del juicio acusada de mentir y afea a Herranz su actitud

Marcos Ollés

Marcos Ollés

La sentencia del TSJB sobre el caso Penalva y Subirán descarta 99 de los 114 delitos que la Fiscalía atribuía en total a los seis acusados en sus conclusiones definitivas. El balance es todavía más desfavorable para el ministerio público si se acude a sus tesis iniciales, en los que incluía varios delitos más. También en las penas es abismal la desproporción entre la postura de la Fiscalía y las condenas impuestas: frente a las peticiones de casi 600 años de prisión en total, la sentencia las establece en 25 años y cuatro meses.

Los magistrados descartan además la petición de la Fiscalía de deducir testimonio e investigar a una funcionaria del juzgado que dirigía Penalva a la que acusó de mentir en el juicio por decir que el fiscal Juan Carrau se encargaba junto a Subirán del caso ORA. La sentencia concluye que «no faltó a la verdad» y afea al fiscal Tomás Herranz su actitud en el interrogatorio, que cortó abruptamente para acusarla de estar mintiendo.

De hecho, el tribunal utiliza esta actuación de Herranz para exculpar a Penalva y Subirán de varias de las amenazas y coacciones a testigos y acusados que el propio fiscal les atribuía. «No cabe duda que con ese proceder el fiscal [Herranz], de alguna manera, ejerció presión sobre la testigo e influyó en sus manifestaciones posteriores, aunque también contribuyó a despejar cualquier duda sobre la veracidad de su declaración. Se puede o no compartir esa estrategia inquisitiva del fiscal a la hora de interrogar, pero nadie duda de que no fue ilícita», señalan los magistrados.

Entre las coacciones descartadas por la sala figuran las que denunciaron haber sufrido Bartolomé Sbert, número 2 de Cursach, o el comisario de la Policía Local de Palma Rafael Estarellas para que incriminaran a Gijón y Rodríguez.