Baleares recorta los controles laborales de la temporada turística

Baleares fue pionera en 2015 a la hora de poner en marcha una campaña especial de controles contra el fraude laboral con la llegada de la península de una treintena de inspectores de Trabajo durante los meses de julio y agosto, fechas de mayor actividad económica en el archipiélago. La iniciativa fue posteriormente copiada por Canarias. Ocho años después, el Govern de Marga Prohens ha dado por liquidada esta medida, y ha suprimido en sus presupuestos de 2024 la partida de 400.000 euros con la que se financiaba el traslado, alojamiento y costes de manutención de esos funcionarios. La conselleria de Empleo, que era la que impulsaba esta actuación, confirma que durante el próximo verano no van a llegar esos refuerzos para desarrollar esa vigilancia, y alega que su esfuerzo se va a centrar en la prevención de los riesgos laborales.

Desde el Govern se justifica la eliminación de una de las primera medidas que adoptó el primer Govern de Francina Armengolalegando ese cambio de objetivos y que solo Baleares y Canarias la desarrollaban, pero no las autonomías turísticas de la península.

Favorecer el fraude

Sin embargo, la reacción de los sindicatos UGT y CCOO y del PSIB-PSOE no se ha hecho esperar, y además de utilizar términos como «barbaridad» para calificar la decisión adoptada, se acusa al Ejecutivo de Prohens de lanzar un «mensaje muy peligroso», al favorecer la impunidad de los empresarios que explotan a sus plantillas con unas cargas de trabajo excesivas o con contrataciones fraudulentas, al igual que la competencia desleal contra los que actúan correctamente.

Hay que recordar que la llegada de esos 30 inspectores y subinspectores desde otras comunidades autónomas se ha desarrollado desde 2015 hasta 2023 con la única excepción del periodo de la pandemia.

En sus primeros años, su actuación se centraba especialmente en la detección de los contratos temporales en fraude, pero la última reforma laboral, que ha supuesto el desplome de esa contratación temporal, hizo que el pasado verano la vigilancia se haya desarrollado especialmente sobre los tiempos y las cargas de trabajo, tras las constantes denuncias sindicales sobre los excesos en esta materia.

Resultados de 2022

Durante la penúltima campaña de 2022 (todavía no se tienen los datos del presente ejercicio), el resultado fue que se mejoraron las condiciones laborales de 1.315 trabajadores, con propuestas de sanción de 576.000 euros. Como ejemplo, 340 contratos a tiempo parcial vieron incrementada la duración de su jornada, mientras que 395 pasaron de temporales a indefinidos. También se detectó que a 487 personas se les obligaba a realizar un exceso de horas. Finalmente, se descubrieron 93 casos en los que el asalariado no había sido dado de alta en la Seguridad Social.

Hay un aspecto que se considera clave, y es que este plan de lucha contra el fraude labora se puso en marcha tras un acuerdo en el que no solo participaron el Govern y los sindicatos UGT y CCOO, sino también los responsables de las organizaciones empresariales de las islas, como los presidentes de CAEB y PIMEM, Carmen Planas y Jordi Mora respectivamente.

La noticia de la supresión de esos refuerzos en la Inspección de Trabajo durante los dos meses punta de la temporada estival ha sentado como un jarro de agua fría a los responsables de las organizaciones sindicales, que el pasado sábado ya advirtieron a través de Diario de Mallorca del fuerte aumento en las tensiones que se está viviendo con el Govern de Marga Prohens al evitar éste cualquier consulta antes de adoptar decisiones.

Duras críticas

El secretario general de UGT en las islas, Lorenzo Navarro, no duda en calificar de «barbaridad» la supresión de la citada campaña de control, precisamente en un momento en el que los sindicatos están reclamando más medios en la Inspección ante los excesos de cargas de trabajo que se vienen detectando y el impacto que eso tiene en la salud de los trabajadores.

En este sentido, considera que la decisión del Govern supone incentivar el fraude laboral y la competencia desleal.

Su homólogo en CCOO, José Luis García, recuerda que esa vigilancia era una antigua reivindicación de los sindicatos, y acusa al Govern del PP de favorecer los abusos laborales, pero también de romper los consensos que durante los últimos años se habían alcanzado fruto del diálogo social.

Pero no son los únicos que reflejan esa indignación. El que fuera conseller de Trabajo con Armangol e impulsor de esa vigilancia, y actual portavoz socialista, Iago Negueruela, subraya la gravedad que tiene el debilitar la vigilancia contra el fraude laboral precisamente durante los meses con mayor actividad y renunciar a la defensa de los derechos de los trabajadores. En su opinión, el Ejecutivo del PP está lanzando un mensaje de impunidad a los empresarios que deciden vulnerar la ley y explorar a sus plantillas, y recuerda que ésta ha sido la primera decisión de calado del actual conseller de Empleo, Alejandro Sáenz de San Pedro, del que recuerda que antes de acceder al cargo era gerente de la patronal de industriales ASIMA. «Ahora les está diciendo a los suyos que pueden hacer lo que quieran», según denuncia Negueruela.

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