Víctima de un contrato abusivo en Mallorca: "Estaba trabajando como falso autónomo"

La inmobiliaria en la que trabaja Alain González ha interpuesto una denuncia contra él por incumplir un contrato que contenía cláusulas abusivas

Alain González, víctima de un contrato abusivo.

Alain González, víctima de un contrato abusivo. / Joan Mora

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Más de 100.000 euros deberá pagar Alain González tras la ejecución provisional de una sentencia derivada de la denuncia de su antigua jefa, dueña de una inmobiliaria establecida en la Serra de Tramuntana.

 Esta denuncia proviene tras reclamar esta última que González, agente inmobiliario, incumpliese varias cláusulas de su antiguo contrato al salirse de la empresa. Una de ellas no le permitía trabajar en ninguna oficina inmobiliaria a menos de 25 kilómetros de cualquier sucursal de la antigua empresa en la que trabajaba. Algo imposible en la isla teniendo en cuenta el número de oficinas que esta entidad regenta a día de hoy (recientemente han abierto nuevas oficinas en Palma y Campos). 

En definitiva, se trata de una cláusula abusiva por la que estaría obligado a abonar una cuantiosa cantidad de dinero. «Si tengo que pagar me embargarán las cuentas y mis bienes, ahora estoy económicamente destrozado», lamenta González. 

Este agente inmobiliario comenzó a trabajar en la mencionada empresa de compraventa de inmuebles en 2019. La entidad, al entrar Alain a trabajar, obligó a sus agentes a firmar un contrato llamado “de agencia”: «Nos hicieron firmar un contrato que a toda la plantilla le pareció raro, incluso a los que llevaban varios años trabajando ahí». «Hubo mucha presión para firmarlo», resalta Alain. 

Aquellos que no quisieran firmar el contrato estaban «invitados» a irse de la empresa, «pero como las condiciones eran buenas», tal y como relata González, nadie decidió abandonar. 

En este contrato se incluía una cláusula por la que, una vez el trabajador abandonaba la empresa, no podía trabajar durante dos años en ninguna inmobiliaria con sede a menos de 25 kilómetros de cualquier oficina de dicha empresa. Algo, tal y como relata el agente, «imposible de llevar a cabo, ya que tienen oficinas por toda la Serra y además acaban de abrir una en Palma, por lo que sería imposible trabajar en ningún lado». 

La plantilla decidió firmar, asesorados por juristas y abogados, quienes les aseguraban que se trataba de un contrato abusivo y de adhesión, el cual «no se podría aplicar». 

El equipo de agentes trabajaba bajo un contrato de autónomo pese a que tenían un puesto de trabajo en las oficinas, recibían órdenes de su superior y tenían horario. Todos los trabajadores estaban obligados a darse de alta como autónomos, pese a trabajar bajo las mencionadas condiciones. «Yo tenía una relación laboral con mi jefa, me preguntaba dónde iba, qué hacía, ella me dictaba todo. Estaba trabajando como falso autónomo», denuncia Gonzalez, quién además añade que debido a su condición de autónomo, al abandonar la empresa las citadas cláusulas abusivas se ejecutaron automáticamente al identificarse la relación entre el agente y la empresa como mercantil. 

«La sentencia dice que es un contrato de mutuo acuerdo entre las dos partes, pero se de otras doce personas con el mismo contrato, como un copia y pega», afirma Gonzalez. Cuenta además que a otro compañero,con el que está en contacto, le ha llegado la misma demanda, y la inmobiliaria también le reclama 100.000 euros. 

A día de hoy se han presentado dos denuncias ante inspección de trabajo mientras espera la resolución de su recurso, presentado en abril ante la ejecución provisional de la sentencia. 

Las costas judiciales del agente inmobiliario demandado alcanzan los 30.000 euros, por lo que en caso de ser desestimado su recurso, debería abonar 130.000 euros. 

«Quiere comer pero a la vez no deja comer a los demás», lamenta Gonzalez en relación a su antigua jefa. Confiesa en último lugar que es conocedor de a situación de varios compañeros de la empresa que también quieren abandonar al haber recibido mejores ofertas de otras inmobiliarias, pero que no se atreven a «dar el paso» por miedo a represalias y, sobre todo, por el temor generado entre los empleados ante las imponentes denuncias que ha interpuesto la empresa. 

Gonzalez espera que la justicia falle de su lado y que su caso sirva de ejemplo para prevenir este tipo de prácticas en un futuro, que cada vez están más extendidas en el mundo inmobiliario. 

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