Los abogados de oficio critican la subida salarial que les ofrece el Ministerio

Los abogados han denunciado la inaceptable subida económica que ha propuesto el Ministerio de Justicia, para financiar la labor de la asistencia jurídica gratuita que se desarrolla en el denominado territorio común, es decir, las comunidades que no tienen transferidas las competencias de Justicia, entre las que se encuentra Baleares. El Consejo General de la Abogacía Española, de la que forma parte el Colegio de Abogados de Baleares, ha mostrado su “profundo malestar” por la oferta económica que plantea el Ministerio, que representa una subida lineal del cinco por ciento. No solo se considera una subida insuficiente, “sino además inaceptable”.

Esta oferta se ha planteado tras varios meses de negociación, donde se ha planteado al Ministerio de Justicia los diferentes aspectos relacionados con las actuaciones que los abogados prestan a los ciudadanos, pero que después no se pagan. Son trabajos que realizan los abogados de oficio, pero que después no se retribuyen. Los letrados consideran que el Gobierno no ha atendido a estos aspectos del trabajo y se ha limitado a reproducir el baremo económico que ya existía antes, con una actualización del cinco por ciento, cuando el IPC de los últimos años ya supera el 17 por ciento.

Los abogados vienen denunciando lo poco que vienen cobrando por el servicio de justicia gratuita en relación con el trabajo que desarrollan. Unas minutas mínimas en comparación con los abogados que trabajan en las comunidades autónomas que sí tienen asumidas estas competencias. El Consejo denuncia que no se puede aceptar que el Ministerio no esté a la altura de otras comunidades autónomas que sí reconocen económicamente este servicio gratuito que ofrecen los abogados.

Los abogados insistirán ante el Ministerio que los letrados de oficio deben cobrar por todas las actuaciones que se realizan por designación judicial y por imperativo legal. Y es que estos profesionales actúan por designación de su Colegio profesión para defensa de un ciudadano, incluso cuando el defendido no tiene derecho a beneficiarse de la justicia gratuita. Los profesionales insisten en que se deben abonar todos los trabajos que realicen para defender a estas personas, aunque en estos momentos no están incluidas en los actuales baremos, como por ejemplo las ejecuciones, los recursos o los incidentes procesales.

El Consejo también aboga por un aumento del número de letrados asignados a las guardias para asistir a las víctimas de violencia de género. Un refuerzo que es necesario en los territorios que se incluyen en la denominado España vaciada. Son zonas donde los desplazamientos son muy largos y complican la asistencia inmediata a una víctima. Los abogados creen que el Ministerio debería asumir los gastos que representan estos largos desplazamientos.